BUENOS AIRES.- El ministro de Justicia de la Argentina, Jorge Vanossi, aclaró hoy que un decreto emitido el lunes pasado por el Poder Ejecutivo no suspendió por 180 días los juicios contra las vigentes restricciones financieras ("corralito"), sino sólo la tramitación de los procesos.
En declaraciones que reproduce la agencia de noticias D y N, Vanossi destacó que el decreto firmado por el Presidente Eduardo Duhalde y todos sus ministros "habla de una suspensión de la tramitación", por lo que "de ninguna manera se ha anulado la acción" sino que "el derecho que se ejecuta está intacto".
Ayer, un juzgado federal declaró la inconstitucionalidad del decreto presidencial por considerar que "vedar en forma generalizada la posibilidad de los ciudadanos de cuestionar la medida relativa al llamado 'corralito' implica el avasallamiento del derecho a la tutela judicial efectiva".
Vanossi aseveró que el derecho de los ciudadanos "no está denegado" y "que el que quiera presentar la petición correspondiente, lo puede hacer", y recordó que "hay antecedentes de mucho mayor plazo que la Corte (Suprema de Justicia) ha convalidado, sobre todo en materia de previsión social y moratoria".
De todos modos, admitió que "probablemente sea menester una norma aclaratoria" para que se sepa "que lo que se pone en el freezer por un plazo razonable es la tramitación" de las causas.
Sobre los recientes fallos que declararon inconstitucional el decreto del Ejecutivo, dijo que le "merecen respeto", pero señaló que "un fallo de primera instancia no es definitivo de modo que habrá que esperar las instancias de apelación".
El decreto cuestionado estableció que la "tramitación de todos los procesos judiciales, medidas cautelares y ejecutorias" contra las restricciones para el retiro de dinero y la "pesificación" forzosa de los ahorros y las deudas queda suspendida por seis meses.
Previamente, un fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre un caso particular pero que, según abogados, podía servir como antecedente en otras causas, había declarado la inconstitucionalidad del "corralito" financiero.
Las restricciones impuestas en diciembre por el entonces Presidente Fernando de la Rúa, que limitan el retiro de dinero de los bancos, fueron reforzadas por el actual Gobierno, que dispuso mantener el lento cronograma de devolución de los ahorros que culminará recién a fines de 2005 y además convertir a pesos los ahorros en dólares.
Los decretos de necesidad y urgencia que suspenden procesos judiciales forman parte de un debate histórico en Argentina sobre su constitucionalidad.
En casos anteriores en los que, como ahora en el marco de una emergencia económica se resolvió suspender procesos judiciales en contra del Estado, la mayor parte de estos decretos fueron avalados por la Corte Suprema de Justicia.
El presidente del máximo tribunal, Julio Nazareno, declaró ayer a la emisora británica BBC que la Corte tiene planificado analizar este decreto en particular.
El fallo que declaró la inconstitucionalidad del "corralito" "tuvo una mala lectura por parte de los otros poderes del Estado", afirmó Nazareno. "Posteriormente, el Gobierno enervó este fallo judicial con un decreto de necesidad y urgencia donde dice que por seis meses no hay reclamos posibles ante la justicia, esto todavía tenemos que analizarlo", agregó.
Por su parte, Vanossi declaró hoy, en aparente respuesta a esas declaraciones y a otras que formuló a la BBC el vicepresidente de la Corte Eduardo Moliné O'Connor, que "siempre" pensó que "los trapitos sucios se ventilan en casa".
En declaraciones a la BBC que hoy reprodujo el diario "Página 12", Moliné O'Connor se quejó de intentos por desalojar a la Corte Suprema "por la fuerza" y advirtió: "Aunque nos llenen una plaza de gente gritando con una cacerola, no vamos a renunciar".
La Corte Suprema de Justicia fue uno de los principales blancos de las protestas sociales de los últimos meses. Además, una comisión parlamentaria está actualmente estudiando casi medio centenar de pedidos de juicio político contra los miembros del máximo tribunal.
"Hay ciertos deberes mínimos de discreción que llevan a que ciertos temas altamente polémicos y que tocan personalmente a ciertas personas deban tratarse no precisamente por la BBC", dijo Vanossi, quien, consultado si se refería a Nazareno y Moliné O'Connor, respondió: "No hago nombres ni apellidos".
También evitando referirse en particular a la Corte Suprema, el ministro de Justicia confirmó que el Gobierno tiene previsto avanzar en la jubilación de aquellos jueces que ya la gestionaron y que luego decidieron seguir "con el haber de actividad".