MELBOURNE, Australia.- El Gobierno australiano aprobó hoy la visita de Mary Robinson, enviada de la Alta Comisaría de la ONU para los Derechos Humanos, a los centros de detención de indocumentados para que examine las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes.
El ministro de Asuntos Exteriores, Alexander Downer, indicó que Australia no tiene nada que esconder en estos centros, y que el país está preparado para someterse al escrutinio internacional.
Sin embargo, el Gabinete de ministros se reunió hoy para valorar la conveniencia de la visita del representante del Grupo de las Naciones Unidos sobre Detención Arbitraria.
Asimismo, el próximo lunes decidirá si permite la visita del ex ministro de Justicia indio y actual presidente del Comité de Derechos Humanos de la ONU, Prafullachandra Natwarlal Baghwati, a los centros de detención, tal y como solicitó ayer Robinson.
El primer ministro australiano, John Howard, indicó a través del canal de televisión "Channel Nine" que las Naciones Unidas ya han accedido en otras ocasiones a las instalaciones, y que "debe haber algún motivo detrás de esta visita. No sé cuál, pero hablaremos de ello".
Robinson se entrevistó el pasado lunes con Alexander Downer en la ciudad suiza de Ginebra, donde le transmitió la petición y expresó su preocupación por el trato que reciben en Australia los demandantes de asilo.
Miles de personas esperan entre rejas, en seis centros australianos y otros creados por Canberra en naciones vecinas del Pacífico Sur, a que sus peticiones de asilo sean procesadas.
La situación fue denunciada hace unas semanas con una huelga de hambre, amenazas de suicidio colectivo y actos de autolesión por parte de los afganos detenidos en el centro de Woomera, en Australia del Sur.
Sus acciones fueron apoyadas por otros inmigrantes y ciudadanos en todo el país, y las críticas crecieron tanto a nivel local como internacional.
Uno de los abogados del Grupo Legal de Woomera, Jeremy Moore, recordó hoy que "tenemos (de nuestro lado) a antiguos primeros ministros australianos, más de 750 abogados y gran parte de los grupos de la Iglesia; la presión no hace más que crecer, hay un problema y hay que resolverlo", afirmó.
