BUENOS AIRES.- Una misión de Amnistía Internacional (AI) determinó tras una visita a Argentina que el gobierno no tiene la voluntad de impulsar causas que involucran a militares por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura, dijo este jueves el jefe de la delegación, Esteban Beltrán.
"La impunidad continúa porque no hay voluntad para lograr la anulación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, hasta que no se deroguen no se va a poder hacer justicia", dijo a Reuters Beltrán, quien además es el presidente de la sección española del organismo de derechos humanos.
El funcionario se refirió a dos leyes de amnistía sancionadas en 1986 y 1987 que beneficiaron a militares sospechosos de ser responsables de la desaparición de personas durante la última dictadura militar.
La misión de Amnistía Internacional se reunió durante cuatro días con autoridades de la Subsecretaría de Derechos Humanos y con funcionarios de la Cancillería para abordar temas de derechos humanos.
Sin embargo, el Presidente Eduardo Duhalde no recibió a la delegación por "cuestiones de agenda".
"Entendemos la gravedad de la crisis argentina, pero también vemos con preocupación que en la agenda del presidente no estén los derechos humanos", dijo Beltrán.
La ley de Obediencia Debida impidió que fueran juzgados los oficiales castrenses que obedecieron órdenes de sus superiores, mientras que la de Punto Final terminó con los procesos contra los militares y civiles acusados de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de 1976-1983.
Según datos oficiales y privados, durante el régimen de facto desaparecieron o fueron asesinadas entre 15.000 y 30.000 personas.
En marzo del 2001, un juez declaró la inconstitucionalidad de ambas leyes de perdón para un caso en particular, sentando un precedente judicial.
Beltrán exhortó al gobierno a adoptar las medidas necesarias para que "las leyes de Punto final y Obediencia Debida sean anuladas, se deje sin efecto la legislación que obstruye la investigación a estas violaciones de derechos humanos y se someta a los responsables a la justicia".
El funcionario de Amnistía criticó también la postura de los gobiernos previos al de Duhalde, que también se negaron a conceder la extradición de militares requeridos por los tribunales internacionales.
"Ni se los juzga en el país ni tampoco se autoriza la extradición", se quejó Beltrán.
Argentina juzgó y condenó en 1985 a los jerarcas militares que participaron en la última dictadura, pero las leyes de amnistía y un indulto posterior dictado en 1990 por el entonces presidente Carlos Menem los dejaron en libertad.
Torturas y represión
Además de las cuestiones vinculadas con la dictadura militar, la investigación de una feroz represión policial en las inmediaciones de la Casa de Gobierno en diciembre, que dejó un saldo de cinco muertos y que precedió a la renuncia del ex presidente Fernando de la Rúa, también fue uno de los temas de preocupación de la misión.
"Miramos con ojos bien abiertos algunas detenciones arbitrarias de líderes sindicales en las provincias y la represión indiscriminada que hubo antes de la caída de De la Rúa", declaró Beltrán, que vivió en Argentina entre 1991 y 1993.
En un informe difundido el año pasado, Amnistía fustigó a la policía argentina por supuestas violaciones a los derechos humanos que incluyen torturas y asesinatos.
