WASHINGTON.- El estratega republicano y ex asesor presidencial Ralph Reed se ofreció, a cambio de 380.000 dólares, a trabajar a favor de la empresa energética Enron, según informaciones divulgadas este domingo que han reforzado las críticas de que el dinero abre las puertas a las altas esferas del poder en EEUU.
Pocas semanas antes de las elecciones presidenciales de 2000, Reed contactó con ejecutivos de Enron -víctima hace dos meses de la mayor quiebra de la historia del país- para diseñar una estrategia publicitaria que lograse la desregulación de los mercados energéticos, informa hoy el diario The Washington Post.
Según un memorándum del 23 de octubre del 2000 citado por el diario, Reed aseguró a Enron ser un "miembro leal de su equipo...preparado para hacer lo que convenga a su plan estratégico".
"En cuestiones de política pública, no importa tanto quién tenga los mejores argumentos" sino a quién logra persuadir dentro del Gobierno, indicó Reed, al parecer, en el memorándum de siete páginas.
La supuesta estrategia de Reed, que al final Enron no aprobó, incluía la movilización de grupos de presión ante el Congreso, conformados por influyentes contribuyentes de campañas políticas, periodistas de renombre y organizaciones sin fines de lucro.
Concretamente, Reed, que como consultor cultivó una amplia clientela -entre candidatos políticos y grandes corporaciones- se comprometió a publicar cartas de apoyo a Enron en los diarios más importantes del país, para lograr una cobertura favorable a los intereses de esa compañía.
Para algunos observadores, la contratación de Reed hubiese sido parte normal de la cultura corporativa en Enron, que procuraba cultivar y proteger sus conexiones con influyentes representantes del Gobierno en Washington.
Enron donó importantes sumas de dinero a candidatos demócratas y republicanos, aunque el 70% de las donaciones fueron para miembros del Partido Republicano.
Su presidente dimisionario, Kenneth Lay, es amigo del presidente George W. Bush, a quien entregó miles de dólares para sus campañas de gobernador en Texas y para su campaña presidencial del 2000.
La Casa Blanca no desmiente esos informes, aunque sí ha buscado distanciarse del escándalo financiero que ha sepultado a la empresa y ha salpicado a ambos partidos.
El colapso de Enron, hasta hace unos meses una de las empresas mimadas de Wall Street, ha suscitado una serie de proyectos legislativos para proteger a los inversores y a los empleados que depositan sus ahorros en los populares fondos de pensiones, conocidos como "401k".
Al parecer, el ex gigante energético, que es objeto de diversas investigaciones federales, infló sus ganancias y minimizó sus deudas, en un intento por ocultar su verdadera situación financiera.
Según los investigadores, la compañía, con sede en Houston (Texas), también utilizó trucos de contabilidad y creó paraísos fiscales para evadir el pago de impuestos.
La empresa se declaró en bancarrota el pasado 2 de diciembre, dejando sin empleo a más de 4.000 personas y en la ruina a miles de empleados, accionistas e inversores.
Los congresistas que investigan la quiebra de Enron -hay al menos diez comités legislativos involucrados en el caso- han expresado indignación ante informes de que los ejecutivos de alto rango lograron vender a tiempo sus acciones mientras se alentaba a los empleados a que continuarán invirtiendo en la empresa, que iba camino del abismo.
Conscientes de las ramificaciones del escándalo financiero -el más grave en la historia de EEUU-, los demócratas y republicanos se han unido para impulsar iniciativas que logren restaurar la confianza popular en el sistema financiero estadounidense.
Algunas de las medidas que analiza el Congreso impondrían mayores controles en los métodos de contabilidad, además de obligar a las compañías a mostrar transparencia en sus declaraciones financieras.
Enron "compró acceso (al Gobierno)... y no se escucha la voz del ciudadano común", lamentó hoy el senador republicano John McCain, en un programa de la cadena NBC.
McCain impulsa en el Senado un proyecto de ley de reforma a la financiación de campañas políticas que, entre otras cosas, restringiría el monto de las donaciones procedentes de individuos y empresas a los partidos nacionales.
