BUENOS AIRES.- Un juez de instrucción de la ciudad de Buenos Aires prohibió la salida de la Argentina a los máximos directivos de los bancos Citibank, Bank Boston, Scotia Bank, Galicia y Sudameris en el marco de una causa por presunta defraudación, informaron hoy fuentes judiciales.
Las sede centrales de esas cinco entidades bancarias fueron registradas entre el viernes pasado y ayer por orden del juez Mariano Bergés, quien investiga una presunta defraudación ante la imposibilidad de los ahorristas de recuperar sus depósitos debido a las vigentes restricciones financieras ("corralito").
Según informaron hoy las agencias noticiosas locales citando fuentes judiciales, el magistrado ya envió oficios a la Policía Federal para que no se permita salir del país a los directivos de los bancos, cuyas identidades aún no trascendieron.
En los allanamientos, indicaron fuentes judiciales, Bergés buscaba verificar la situación patrimonial de las entidades y determinar qué cantidad de dinero en efectivo poseen los bancos en sus arcas, para cotejar "si está justificada la negativa a devolver los depósitos a los ahorristas".
El juez investiga la denuncia de un jubilado a quien, luego de que comenzaran a regir en diciembre pasado las restricciones para el retiro de depósitos ("corralito"), el Banco Sudameris no le devolvió 15.000 dólares que tenía depositados en esa entidad.
En ese contexto, el magistrado llamó a los ahorristas a los que se les hubiera impedido retirar sus depósitos a declarar ante su juzgado. A esas declaraciones responderían los allanamientos de las otras cuatro entidades.
El "corralito", que restringió el retiro de dinero en efectivo de los bancos, fue impuesto por la administración del ex presidente Fernando de la Rúa y reforzado con un congelamiento de depósitos y una "pesificación" de los ahorros en dólares por el actual mandatario, Eduardo Duhalde, para frenar la masiva fuga de depósitos y evitar así el colapso del sistema financiero.
Ayer, el Banco Central argentino dispuso flexibilizar el "corralito" y permitir que los fondos congelados puedan utilizarse para la compra de viviendas, automóviles nuevos y otros bienes registrables y la cancelación de créditos bancarios y con el Estado.