QUITO.- Una protesta de sectores sociales de izquierda de Ecuador, convocada para rechazar un plan gubernamental de privatización del área eléctrica, transcurría el miércoles casi desapercibida en Quito y en el interior del país.
Durante el primer día de la protesta, que se extenderá hasta el jueves, algunos dirigentes y miembros de movimientos de izquierda de trabajadores, estudiantes y maestros se movilizaron por las calles de la capital ecuatoriana rechazando la política económica de la administración del presidente Gustavo Noboa.
En varios puntos de la ciudad, los manifestantes intentaron infructuosamente bloquear la circulación de vehículos con la quema de neumáticos y fueron dispersados por policías, que dispararon bombas de gas lacrimógeno para restablecer el orden.
El transporte público operaba con total normalidad, incluyendo el sistema municipal de trolebuses que existe sólo en Quito, por lo que la gente no tenía dificultades para movilizarse.
Según la Policía Nacional, una similar situación se vivía en otras ciudades ecuatorianas, mientras en Quito apenas estaban suspendidas las actividades educacionales por orden de las autoridades para precautelar la seguridad de los alumnos durante la protesta de 48 horas contra la pretendida venta del 51% de las acciones de las empresas eléctricas del Estado.
El general Eliseo Moscoso, jefe de Operaciones de la Policía, dijo que "hasta el momento las manifestaciones que han salido a las vías públicas han sido pacíficas".
"Esperamos que estas no se conviertan en violentas", añadió el oficial y apuntó que los uniformados "en lo posible evitaremos enfrentamientos" con los manifestantes.
Empero, Luis Villacís, presidente del denominado Frente Popular (FP, izquierda) que aglutina a diversos sectores sociales, manifestó que las protestas eran "fuertes" en algunas provincias y que había manifestantes detenidos y heridos por la represión policial.
Expresó que los movimientos ciudadanos se oponen rotundamente a la privatización de las empresas eléctricas y que también rechazan una oleada de corrupción en el Estado y el alto costo de vida, por lo cual es necesario un reajuste salarial.
De otro lado, el ministerio de Energía y Minas sostuvo que es necesaria la privatización del área eléctrica para mejorar los servicios, evitar los apagones y frenar las pérdidas para el Estado, valoradas en unos 500 millones de dólares al año.
El secretario general de Comunicación, Oscar Zuloaga, dijo la víspera que el Ejecutivo está decidido a "mantener el orden ciudadano y a garantizar a los ecuatorianos que están empeñados en laborar que tendrán acceso a sus puestos de trabajo".
"Habrá carreteras expeditas para que todos puedan acceder a sus trabajos y la producción se movilice con normalidad", enfatizó el funcionario.
El Tribunal Constitucional (TC) ha señalado su posición de que sería ilegal la venta de las empresas eléctricas y el gobierno de Noboa de que en el marco de la Carta Magna actuará en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos.