WASHINGTON.- La Casa Blanca respaldó hoy la petición de un funcionario de alto rango para que los tribunales penales internacionales (TPI) sobre la antigua Yugoslavia y Ruanda concluyan su trabajo para el año 2008, y su oposición a la creación de un tribunal permanente.
El embajador de Estados Unidos para cuestiones relacionadas con crímenes de guerra, Pierre-Richard Prosper, criticó duramente ayer, jueves, esos instrumentos de justicia multilateral en una comparecencia ante un comité de la Cámara de Representantes.
"Prosper habló en nombre de la Administración", señaló Sean McCormick, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quien no quiso dar más detalles sobre la posición de su gobierno, ni en los dos TPI, ni en el Tribunal Criminal Internacional (TCI).
El funcionario dijo que los dos TPI actualmente en marcha "han sido costosos, han carecido de eficacia", y resaltó que "el profesionalismo de parte del personal ha sido puesto en duda, con acusaciones de mala gestión y abusos".
Prosper señaló que el tribunal que sigue los crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia debería centrarse en los acusados más importantes, sobre todo los todavía prófugos Radovan Karadzic y Ratko Mladic, y dejar los encausados de segundo o tercer nivel a la justicia de cada país.
Además, el embajador estadounidense insistió en que, "igual que los gobiernos anteriores, nos oponemos al Tratado de Roma" que estableció la creación de un tribunal criminal internacional permanente (TCI).
Prosper añadió que "no lo enviaremos al Senado para consentimiento o ratificación. Mantenemos una posición firme acerca de que EEUU no puede apoyar un tribunal que carece de las garantías esenciales para evitar una politización de la justicia".
Insistió en que la posición de EEUU no ha cambiado tras los atentados terroristas del 11 de septiembre.
Este episodio muestra de nuevo el antagonismo del gobierno de Washington hacia la participación en un tribunal internacional permanente, ya que teme que en el futuro pueda ser usado para acusar a autoridades o militares de EEUU por operaciones en el exterior, en lo que supondría una afrenta a la soberanía de este país.
El sector más duro del Partido Republicano quiere que el presidente George W. Bush no sólo no lleve el tratado a ratificación, sino incluso que revoque la firma estadounidense.
El TCI fue firmado a última hora por Bill Clinton, a pesar de que su gobierno también se oponía al Tratado de Roma que lo creó.
Sin embargo, Clinton firmó el tratado pocos días antes de dejar la presidencia, en lo que muchos interpretaron como una trampa explosiva para Bush, ya que si éste abandona el tratado o no lo lleva a ratificación ante el Senado será muy criticado por sus principales aliados.
La organización de derechos humanos Human Rights Watch criticó duramente la postura del Gobierno estadounidense, de la que dijo que "debilita los juicios por crímenes de guerra", ya que afecta al tribunal que todavía sigue numerosos casos.
Richard Dicker, director del programa de Justicia Internacional de esa organización, señaló en un comunicado que la idea de juzgar a los acusados en los países es "una locura", debido a los numerosos "funcionarios acusados que hay en libertad en Yugoslavia".
Añadió que la fiscal del TPI para Yugoslavia, Carla del Ponte, ya presentó en noviembre un plan para terminar la tarea del tribunal para 2008, y se preguntó "¿de qué sirve crear una confrontación con los aliados cuando el plan de Estados Unidos es virtualmente el mismo que el de la fiscalía?".
