WASHINGTON.- La policía brasileña, y en especial las estatales, cometen atrocidades con impunidad y son la mayor amenaza para los derechos humanos en ese país, según un informe del gobierno de Estados Unidos divulgado este lunes.
"Las fuerzas de policía estatales cometieron numerosos abusos graves" de los derechos humanos durante el año 2001, sostiene el informe anual del departamento de Estado sobre los derechos humanos en el mundo.
El gobierno federal brasileño "generalmente respetó muchos de los derechos humanos de sus ciudadanos", pero ello no impidió que ocurrieran muchos abusos graves, particularmente en los estados, según el documento.
Policías civiles y uniformados de los estados cometieron "muchos asesinatos extrajudiciales, torturaron y golpearon a sospechosos bajo interrogatorio, y arrestaron personas arbitrariamente".
Policías también fueron implicados en actividades criminales de toda laya, incluyendo asesinatos por encargo, escuadrones de la muerte, extorsiones, secuestros para pedir rescate, y tráfico de narcóticos.
En abril de 2001 el relator especial de Naciones Unidas sobre tortura, Nigel Rodley, documentó muchos ejemplos de uso de torturas en Brasil, y criticó fuertemente al gobierno por no tomar medidas para corregir el problema.
Las autoridades hacen poco o nada para prevenir la violencia en las prisiones, y los gobiernos de los estados no castigan a los responsables de abusos.
Los tribunales especiales para la policía uniformada están sobrecargados, raramente investigan los casos a fondo, y pocas veces condenan a los acusados.
La existencia misma de dichos tribunales "contribuye a un clima de impunidad" propicio a los abusos.
Las condiciones en las prisiones varían desde malas hasta extremadamente duras, y los funcionarios de las cárceles "a menudo torturan y golpean" a los presos.
El sistema judicial tiene una montaña de casos atrasados que impide garantizar el derecho a un juicio justo y rápido. Además de lenta, la justicia es a menudo poco confiable, especialmente en las áreas donde confluyen poderosos intereses económicos, anota el informe.
La policía usó fuerza excesiva para dispersar protestas en varias ocasiones, lo que resultó en varias personas heridas y al menos una muerta.
Otros problemas son violencia y discriminación contra las mujeres, prostitución y abuso infantil, falta de debida protección a los indígenas, discriminación contra los negros y violencia contra los homosexuales.
La ancestral violencia rural continúa existiendo, incluyendo asesinatos de activistas que trabajan por la reforma agraria y los derechos de los campesinos asalariados.
