BOGOTA.- El cuerpo de la senadora colombiana Martha Catalina Daniels, asesinada el sábado último por desconocidos, fue sepultado este martes en una ceremonia en la que sus familiares y correligionarios del opositor Partido Liberal clamaron para que el crimen no quede impune.
El cuerpo de Daniels fue velado en cámara ardiente en la sede del Parlamento, en el centro de Bogotá, y luego fue llevado a la cercana catedral católica, donde el obispo Héctor López presidió la ceremonia fúnebre y llamó la atención sobre la creciente violencia que azota a Colombia.
Cientos de personas acudieron a la misa en la catedral primada, entre ellas los ministros colombianos de Justicia, Rómulo González, de Hacienda, Juan Manuel Santos, y de Trabajo, Angelino Garzón, así como el Fiscal General, Luis Camilo Osorio, el Procurador General, José Edgardo Maya, los legisladores y los jefes militares y policiales.
También asistieron a la ceremonia los ex presidentes liberales Julio César Turbay (1978-82) y Ernesto Samper (1994-98), amigos personales y estrechos aliados políticos de Daniels.
Dos de los hijos de la senadora, Isabel y Hernando Rodríguez Daniels, y otros familiares clamaron en la catedral para que el asesinato no quede en la impunidad y para que cese la ola de violencia en el país.
Tras la ceremonia en la catedral, el cadáver de Daniels fue trasladado al cementerio Jardines de Paz, al norte de la capital colombiana, bajo una fuerte lluvia.
Daniels fue baleada el sábado junto con su conductor y una mujer que le acompañaban por una carretera del municipio de Zipacón (40 Km. al noroeste de Bogotá), donde la legisladora se disponía a gestionar la liberación de varias personas secuestradas por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas).
La Fiscalía señaló que se investiga si el crimen de la congresista fue obra de los rebeldes o de delincuentes comunes.
Siendo legisladora de la Cámara de Representantes (baja), Daniels desempeñó un papel destacado para defender a Samper en el juicio parlamentario que se le abrió en 1996, luego de que la Fiscalía y el Gobierno de Estados Unidos lo acusaran de recibir seis millones de dólares de los narcotraficantes para financiar la campaña proselitista que lo llevó a la Presidencia.
El Mandatario fue absuelto en esa ocasión por la mayoritaria bancada liberal de la Cámara de Representantes.
