GINEBRA.- Los actos de terrorismo sólo podrán ser tratados por el Tribunal Penal Internacional (TPI) cuando por su magnitud se les considere crímenes de lesa humanidad, explicó hoy el subsecretario general de la ONU para Asuntos Jurídicos, Hans Corell.
Corell indicó que si los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, dada su enorme magnitud, fueran considerados como tales crímenes, el TPI, si ya estuviera en funcionamiento, podría ocuparse de ellos.
No obstante, recordó que el TPI aún no está operativo y que, según el Estatuto de Roma -su base jurídica-, sólo tendrá competencia para los delitos que se cometan a partir de que lo esté.
Aunque el terrorismo no está incluido entre los delitos que podrá juzgar el Tribunal, podría llegar a estarlo pues los estados miembros pueden aprobar enmiendas adicionales.
El representante de la ONU explicó que el hecho de no incluir los delitos de terrorismo entre las competencias del TPI se debió a muchas razones, pero la principal fue que se consideró que los crímenes de este tipo pueden ser perfectamente tratados por los tribunales nacionales.
Respecto a los problemas de territorialidad que se dan en ocasiones cuando la persona que comete el delito no es del lugar en que lo perpetra, Corell puso como ejemplo la "fantástica solución" dada al caso del atentado de Lockerbie, con un tribunal escocés ubicado en territorio holandés.
El subsecretario general de la ONU también resaltó el cambio de actitud de muchos gobiernos tras los atentados del 11 de septiembre, aunque indicó que aún no se ha podido llegar a un acuerdo para la elaboración de una tratado global contra el terrorismo.
El principal obstáculo sigue siendo la separación entre actos terroristas y crímenes de guerra que algunos países quieren establecer.
Sin embargo, los Convenios de Ginebra señalan claramente que durante un conflicto, no están permitidos, en ningún caso, los ataques a civiles y si estos se producen, son calificados automáticamente de crímenes de guerra y sus responsables están bajo la aplicación de estos textos.
Hasta ahora 52 países han ratificado el Estatuto de Roma de 1998, la base jurídica del Tribunal Penal Internacional, y la primera reunión de los Estados parte está fijada para comienzos de septiembre ya que la ONU confía en que para ese momento habrá el suficiente número de ratificaciones -60- para su entrada en vigor.
En este sentido, Corell se mostró optimista ante la posibilidad de que Estados Unidos ratifique el estatuto y señaló que, si lo hace, sería un apoyo muy importante para el TPI y además podría atraer a otros países que aún no son parte.
El representante de la ONU afirmó que el Gobierno de Washington necesita un "tiempo extra" para reflexionar sobre su entrada en el Tribunal y recordó que la firma de Estados Unidos se produjo el 31 de diciembre de 2000, último día del periodo de firmas.
