BUENOS AIRES.— Los jueces de la Corte Suprema argentina fueron citados a declarar ante una comisión legislativa que lleva adelante un proceso de juicio político en su contra.
El titular de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el peronista Sergio Acevedo, dijo a la prensa que la comisión dio un plazo de 10 días a los jueces para que respondan a los cargos que se les imputan.
Los magistrados pueden abstenerse de declarar o hacerlo por escrito en este primer paso del juicio que podría terminar con su destitución.
Los nueve miembros del máximo tribunal están acusados de mal desempeño en sus funciones y también existen pedidos para que se investigue su patrimonio, ante un presunto enriquecimiento ilícito.
Asociaciones de abogados y distintas organizaciones sociales han calificado a la Corte Suprema como la más desprestigiada de la historia argentina por, entre otras cosas, su subordinación a los dictados del ex Presidente Carlos Menem.
Durante su mandato, entre 1989 y 1999, Menem reorganizó la Corte aumentando el número de sus miembros de cinco a nueve. Las vacantes fueron cubiertas por abogados de su confianza, a quienes se pasó a llamar la "mayoría automática" del alto tribunal, que invariablemente fallaba en favor del gobierno.
Símbolo del desprestigio en el que se encuentra sumido el máximo tribunal son las protestas populares que cada semana convocan a cientos de personas que, cacerolas en mano, reclaman la renuncia de sus jueces.
Para la comisión legislativa existen por lo menos cuatro fallos de la Corte susceptibles de enjuiciamiento: el cierre de la investigación sobre el atentado en 1992 contra la embajada de Israel, un aumento de las tarifas telefónicas, la liberación de Menem en una causa por un contrabando de armas a Croacia y Ecuador, y el dictamen contra el "corralito" que desde diciembre mantiene congelados los depósitos.