LIMA.- La Fiscal de Perú presentó este miércoles cargos de corrupción contra el ex presidente Alberto Fujimori y un grupo de ex legisladores por haber recibido dinero del ex asesor de Inteligencia, Vladimiro Montesinos.
Esta es la cuarta acusación contra el ex mandatario, quien permanece refugiado en Japón, amparado en su doble nacionalidad, tras un escándalo de corrupción detonado por Montesinos.
La fiscal Nelly Calderón denunció a Fujimori ante la Corte Suprema de Justicia por asociación ilícita para delinquir, corrupción activa de funcionarios y enriquecimiento ilícito, y pidió levantar el secreto bancario y la reserva tributaria del ex presidente, informó un comunicado de la fiscalía peruana.
A Fujimori "se le imputa haber utilizado dinero del Tesoro Público para reclutar a congresistas de diversos grupos políticos y conformar una bancada mayoritaria en el parlamento", dijo el comunicado.
La fiscal Calderón acusó también a 13 ex legisladores y a uno en función por haber recibido dinero del ex jefe de espías Montesinos para pasarse a las filas del partido de Fujimori, así como a otros cinco ex parlamentarios de su bancada por utilizar fondos del Estado en sus campañas políticas.
Los ex parlamentarios fueron acusados por el delito de cohecho pasivo en agravio del Estado, mientras los cinco ex legisladores del partido de Fujimori, fueron acusados por el delito de "receptación".
Montesinos, preso en un penal de máxima seguridad, fue visto en varios videos sobornando a políticos de la oposición, así como a jueces y empresarios, que desató en septiembre del 2000 un escándalo que tumbó 10 años de gobierno fujimorista.
Fujimori enfrenta acusaciones de violaciones de derechos humanos, abandono de cargo y tráfico de armas.
El ex mandatario, quien ha negado los cargos y dice enfrenta una persecución política, goza de la protección del gobierno de Japón, que se niega a la extradición del ex mandatario aludiendo a la falta de un tratado con Perú.
La red de corrupción de Fujimori y Montesinos, según investigaciones en el Congreso y el Poder Judicial, habría movilizado unos 1.000 millones de dólares.
