BUENOS AIRES.- Los bloques mayoritarios del Senado argentino tienen previsto debatir a las 18:00 horas de este miércoles un proyecto propio de ley que frene los amparos judiciales y el drenaje de dinero de los bancos, con el fin de evitar una bancarrota generalizada.
La legisladora del gobernante Partido Justicialista (PJ, peronista) Sonia Escudero, afirmó que "hay consenso" entre las principales bancadas del Senado para aprobar el miércoles la norma que busca detener el drenaje de fondos por recursos judiciales que obligaron al Banco Central a decidir un feriado cambiario y bancario que se prolongaría hasta el lunes.
El debate de la iniciativa siguió a la negativa del Senado a tratar el martes un polémico proyecto de ley para canjear el dinero de los depositantes atrapados en los bancos por bonos a largo plazo.
El rechazo del Senado al proyecto precipitó la renuncia del ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, y una crisis en el gabinete del gobierno del presidente Eduardo Duhalde, en medio de la peor depresión económica del país en un siglo.
Escudero dijo que se espera que el Senado, donde el PJ tiene mayoría absoluta, dé el primer paso este miércoles hacia la aprobación de la ley y que entre "hoy y el jueves" sea sancionada en forma definitiva por la Cámara de Diputados, dominada por el oficialismo, y permitir la reapertura de los bancos sin el riesgo, dijo, de que se produzca "una caída" del sistema financiero.
Una avalancha de fallos judiciales favorables a los ahorristas provocó una sangría de unos 10.400 millones de pesos (unos 3.000 millones de dólares) de los bancos desde enero pasado, semanas después de establecerse el impopular congelamiento, conocido como el "corralito" financiero.
La iniciativa de ley plantea en su artículo uno que la entrega de los fondos sólo podrá llevarse a cabo "cuando la causa cuente con sentencia definitiva y firme que resuelva sobre el objeto de la acción" judicial, es decir, que cuente con el visto bueno de tribunales de apelación o de la Corte Suprema de Justicia.
Hasta ahora, los bancos están obligados a entregar los fondos a los ahorristas que lograron fallos favorables de un juez de primera instancia.
Varios bancos privados advirtieron que de continuar el flujo de fondos se produciría un colapso del deteriorado sistema financiero local, al estimarse que salen de los bancos unos 200 millones de pesos (63 millones de dólares) por día a través de fallos judiciales.
La luz de alarma se encendió la semana pasada cuando el Banco Central dispuso la suspensión por 30 días del canadiense Scotiabank Quilmes "en virtud de sus problemas de liquidez", el primer caso de este tipo desde el derrumbe de unas 30 entidades en 1995, tras el ’efecto tequila’ por la crisis de México.
Escudero explicó que la norma prevé que "si hay una sentencia de primera instancia y no se apela, esa es la definitiva; (pero) si se apela hay que ir a la Cámara (de apelaciones) y si existe un recurso extraordinario, a la Corte Suprema".
La senadora peronista Mabel Muller admitió a su vez que la ley que tratará el Congreso "no es la solución definitiva para los ahorristas" que presentaron amparos judiciales, pero aseguró: "Estamos dando una respuesta a otros argentinos que necesitan que los bancos estén abiertos".
El proyecto de ley "confirma la iniciativa de Duhalde y de la Asociación de Bancos Argentinos de mandar todos los expedientes ’anticorralito’ a la Corte, sacándolos de las manos de los jueces naturales, sin advertir, que en ese caso, la gente nos incendiaría los tribunales", dijo de su lado al diario BAE un miembro de la Corte, al que la publicación no identificó.
La confiscación de fondos provoca airadas protestas cotidianas de los ahorristas por las calles del centro financiero de Buenos Aires donde están las casas centrales de los bancos, cuyas fachadas fueron tapiadas con paneles de chapa y madera para evitar ataques con proyectiles.
Los manifestantes tienen también como blanco predilecto a la Corte Suprema, cuyo descrédito se ha acrecentado desde noviembre pasado, cuando decidió dejar en libertad al ex presidente Carlos Menem (1989-99) acusado en una causa por tráfico ilegal de armas al exterior.
Las protestas de los ahorristas de clase media fueron determinantes en las caídas de los presidentes Fernando de la Rúa (1999-2001), en medio de una convulsión social que dejó 30 muertos en diciembre pasado, y en la de su fugaz sucesor Adolfo Rodríguez Saá.
