WASHINGTON.- El secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, despejó hoy la vía para que los militares de Colombia reciban 62 millones de dólares retenidos a causa de sus supuestas violaciones a los derechos humanos, al certificar que han progresado en el respeto a esos derechos.
"El secretario Powell determinó y certificó ante los respectivos comités del Congreso, que las Fuerzas Armadas de Colombia han cumplido los requisitos de respeto a los derechos humanos, después de una cuidadosa evaluación", informó el portavoz del Departamento de Estado, Richard Boucher.
Aclaró que esta aprobación no debe interpretarse como una revisión completa de la situación de esos derechos en aquel país, e indicó que Powell adoptó esta decisión basado en las discusiones del Departamento de Estado con el Gobierno de Colombia, las Fuerzas Armadas y una amplia gama de organizaciones internacionales de defensa de los derechos humanos.
"Y, por supuesto, basado en la información facilitada por nuestra embajada en Bogotá" subrayó Boucher, y agregó que "al margen del progreso real en áreas específicas, EE.UU. y el Gobierno de Colombia reconocen que la protección de los derechos humanos en ese país necesita mejorar".
Powell informó al Congreso que las Fuerzas Armadas colombianas han cumplido con las condiciones de respeto a los derechos humanos, en lo que va de año, al adoptar medidas adecuadas contra los militares acusados por abusos contra los civiles y los rebeldes detenidos.
Los mandos militares también han tomado acciones para separar de su cargo a los miembros de sus filas sospechosos de cooperar con las derechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al tiempo que han presentado ante la justicia a algunos militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos, según dijo.
Las AUC, que al igual que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), figuran en la lista de EE.UU. de grupos terroristas internacionales, han sido responsabilizadas por el Departamento de Estado de la mayoría de violaciones a los derechos humanos en aquel país.
La certificación favorable dada por Powell no quiere decir que la situación de los derechos humanos es óptima por parte de los militares o en esa nación en general, explicó un funcionario de alto rango que prefirió no ser identificado.
Recordó que el sistema judicial de Colombia es débil, como señaló el Departamento de Estado en su último informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, y que en este sentido, EE.UU. se mantendrá vigilante.
Por decisión del Congreso, y ante las denuncias sobre supuestas atrocidades cometidas por los militares colombianos en su lucha contra la guerrilla, la Casa Blanca había retenido 104 millones de dólares de ayuda militar a Colombia, asignados para el año fiscal 2002, que empezó el 1 de octubre pasado.
El 60 por ciento de ese total será desembolsado "en estos días" mientras que el resto del dinero se entregará después de un segundo informe por parte del secretario de Estado, que deberá ser enviado al Congreso antes del 30 de septiembre próximo, "posiblemente en junio", dijo la fuente.
El funcionario estadounidense destacó que "hasta hoy" las Fuerzas Armadas colombianas han dado pasos importantes en el cumplimiento de los tres requerimientos exigidos por EE.UU. sobre derechos humanos.
Explicó que esa institución ha hecho progresos en la suspensión de algunos militares sospechosos de graves violaciones de los derechos humanos o vinculados a los grupos paramilitares de derecha, aunque sólo el tres por ciento de las investigaciones han resultado en el sometimiento de los implicados ante la justicia.
La certificación de que los militares colombianos han progresado en su respeto a los derechos humanos anunciada hoy es la segunda buena noticia que EE.UU. da a aquel país en menos de 24 horas.
El martes, una fuente oficial estadounidense de alto rango anunció la reanudación de los vuelos de intercepción de aviones del narcotráfico en Colombia y Perú, dentro de seis meses.
Esos vuelos de vigilancia fueron suspendidos después del derribo de una avioneta tripulada por religiosos estadounidenses en la Amazonía peruana, el 20 de abril del 2001, en el que perecieron una bebé de siete meses y su madre estadounidense.
