BUENOS AIRES.- El Congreso se muestra renuente a acceder al pedido del FMI para la derogación o modificación de dos leyes, sobre quiebras y "subversión económica", una exigencia para aprobar el desembolso de asistencia financiera a la Argentina.
La actitud de los legisladores provocó preocupación en el Presidente Eduardo Duhalde y en el ministro de economía Roberto Lavagna, ya que es compartida por diputados y senadores pertenecientes al partido Justicialista (peronista) del jefe del Estado, que controlan ambas cámaras.
Sectores empresariales locales, especialmente los banqueros, han cuestionado la ley de "subversión económica", aprobada en 1974, considerándola discriminatoria contra los ejecutivos de las grandes empresas y de efecto negativo sobre las inversiones extranjeras.
Varios hombres de negocio están actualmente detenidos y procesados por esa ley, que castiga maniobras dolosas cometidas en el campo empresarial que ocasionen daños a la economía nacional. Hay actualmente 43 causas judiciales por tal motivo.
Los cuestionadores de la ley sostienen que es innecesaria, ya que bastarían para suplir las disposiciones de la legislación penal ordinaria. Sus defensores, en cambio, aseguran que la llamada "delincuencia de guante blanco" rara vez fue castigada por las normas del Código Penal.
En cuanto a la ley de quiebras, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reclama que se reimplante un mecanismo derogado en enero último, que permite a un acreedor hacerse cargo de una empresa en estado de falencia.
Los legisladores dicen que en vista de la reciente devaluación del peso argentino, semejante cláusula facilitaría la adquisición por inversores extranjeros de las empresas locales en dificultades. Y que ello aceleraría el proceso de "desnacionalización" que comenzó la década pasada.
El compromiso gubernamental de modificar o derogar ambas leyes fue asumido por Duhalde y por los gobernadores provinciales, en una reunión la semana pasada en la que se aprobó un programa de 14 puntos para los próximos meses. Uno de ellos mencionaba concretamente ambos textos legales y la necesidad de modificarlos.
El ministro Lavagna declaró en la noche del miércoles a un programa de televisión que si se aprueban la nueva ley de quiebras y se deroga la de subversión económica "lograremos el acuerdo con el Fondo Monetario". Y reconoció "dificultades" por la posición renuente de los legisladores.
La presión para cambiar las dos leyes no proviene solamente del FMI. En declaraciones formuladas en Washington, que publica el jueves el diario de negocios El Cronista, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, John Taylor, dijo que "es muy importante que (el gobierno argentino) implemente el plan firmado con los gobernadores".
Taylor agregó que "eso incluye derogar la ley de subversión económica, modificar la última versión de la ley de quiebras, aprobar el ajuste fiscal provincia por provincia y votar una ley que ponga fin, definitivamente, a la amenaza que las causas judiciales contra el corralito genera al sistema de bancos".
