PARIS.- El nuevo Gobierno francés, apremiado por la proximidad de las elecciones legislativas de junio, se puso hoy manos a la obra y definió su agenda de trabajo, centrada en tres prioridades: la seguridad, la fiscalidad y el diálogo social.
Estos son, precisamente, los ejes del programa del Presidente francés, el neogaullista Jacques Chirac, quien, tras cinco años de cohabitación con el socialista Lionel Jospin y su Gobierno de izquierda plural, extiende ahora su poder al gabinete que encabeza el centrista Jean-Pierre Raffarin.
Tras el Consejo de Ministros de ayer, en el que se "estrenaron" 21 de los 27 miembros del Gobierno que hasta ahora nunca habían formado parte de un gabinete, el Ejecutivo se reunió hoy durante dos horas en un "seminario" que tenía como objetivo distribuir ciertas tareas urgentes y precisar el sistema de trabajo.
Raffarin resumió ante la prensa este método en tres palabras, "eficacia, proximidad y coherencia", y dividió el trabajo en tres partes: escuchar las inquietudes de los franceses sobre el terreno, las labores legislativas y la adopción de iniciativas urgentes.
El ministro de Interior, Nicolas Sarkozy, ya ha llevado a la práctica esta política de proximidad y en los últimos ocho días ha visitado a policías y gendarmes de las afueras de París y ha acudido a diversas zonas para conocer el grado de seguridad.
El seminario, que se celebrará todos los jueves, llegó también a conclusiones sobre aspectos concretos.
Así, Raffarin dijo que, junto a su ministro de Asuntos Sociales, Francois Fillon, se reunirá la próxima semana con los interlocutores sociales para relanzar el diálogo, a fin de que "se instale una confianza real con los actores económicos y sociales" ante "la movilización de las fuerzas vivas del país".
Anunció la inminente creación de comités interministeriales sobre sanidad, descentralización, juventud y la preparación de un proyecto de ley de amnistía para infracciones de tráfico no graves, "conforme a las orientaciones" de Chirac.
El primer ministro salió así al paso de las declaraciones de su responsable de Transportes, el centroliberal Gilles de Robien, quien se ha mostrado contrario a "amnistiar" esas infracciones.
Otra de las prioridades del gabinete es reforzar la seguridad, cuya degradación llevó en parte al avance de la extrema derecha en las recientes elecciones presidenciales.
Al respecto, Raffarin indicó que el próximo miércoles el Consejo de Ministros examinará un decreto para la creación de un Consejo de Seguridad Interior (CSI) en torno a Chirac, cuando hasta ahora esta prerrogativa recaía en el primer ministro.
En breve se harán públicas varias circulares sobre seguridad que se están redactando, precisó Raffarin, a quien el portavoz del Gobierno, Jean-Francois Copé, se refirió como "una mano de hierro en un guante de terciopelo".
Raffarin también anunció la elaboración de una auditoría de las finanzas públicas, "con las mismas modalidades del Gobierno (de izquierdas) precedente en 1997 y, si es posible, con los mismos autores" para evitar polémicas, cuyos resultados se harán públicos tras las legislativas.
Repitiendo lo dicho ayer por Chirac, el primer ministro destacó la aplicación de la regla de no acumulación de mandatos, por la que los miembros del gabinete, incluido él mismo, deberán dimitir inmediatamente de los cargos locales o regionales que ocupen.
Conforme a su expresión de abordar las principales cuestiones sin demora y "al galope", Raffarin señaló que a partir del lunes próximo sus ministros presentarán proyectos de "medidas inmediatas y urgentes", así como sus prioridades para los próximos seis meses, siempre confiando en que la derecha gane los comicios de junio.
Aunque el primer ministro no se refirió expresamente a ello, otra de las prioridades del Gobierno es la rebaja fiscal prometida por Chirac durante la campaña para las presidenciales.
En una primera fase se reduciría un 5 por ciento el impuesto sobre la renta de 2001, pagadero este año, para llegar en cinco años a un recorte del 30 por ciento, con un coste de 15.000 millones de euros (unos 13.710 millones de dólares).
Esta política impediría a Francia cumplir el compromiso adquirido con la Unión Europea (UE) de llegar al equilibrio presupuestario en 2004.
