LIMA.- El Congreso de Perú expresó su respaldo a las Fuerzas Armadas ante una orden de detención contra diez militares que participaron en la liberación de rehenes de la embajada de Japón en Lima en 1997, durante la cual se habrían producido ejecuciones extrajudiciales de guerrilleros, según un informe forense.
Con el apoyo del oficialismo y de partidos de la oposición, el acuerdo del Congreso difundido este viernes indica su "reconocimiento a los integrantes de las Fuerzas Armadas que intervinieron en la operación Chavín de Huántar", ejecutada el 22 de abril de 1997 en la residencia del embajador de Japón en Lima.
En la acción fueron rescatados con vida 71 rehenes, murieron dos militares, un rehén y los 14 rebeldes del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA, guevarista) que habían tomado la sede diplomática 126 días antes.
El documento del Congreso también expresa su "preocupación por la orden de detención preliminar dictada contra diez oficiales del ejército", entre ellos tres generales, que participaron en la liberación.
Asimismo insta a que la controversia suscitada tras la orden de arresto de los militares se resuelva "conforme a la autonomía y atribuciones del Poder Judicial".
El pronunciamiento parlamentario marcó un matiz distinto a las posiciones del ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, quien días atrás dijo que la orden de arresto era "absolutamente inaceptable", y del titular del Interior, Fernando Rospiglioisi, quien mostró su abierto "desacuerdo y sorpresa" con la decisión judicial.
Este viernes, la Comisión de la Verdad mostró su preocupación por el proyecto de ley presentado en el Congreso para amnistiar a los militares, a través de un comunicado.
La Comisión fue creada en junio del año pasado por el gobierno del Presidente Alejandro Toledo para esclarecer el proceso, hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y la violación de los derechos humanos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000.
La operación de rescate de los rehenes "debe ser reconocida como una acción valerosa de las Fuerzas Armadas que, arriesgando sus vidas y cumpliendo su deber, enfrentaron una situación altamente peligrosa para el país", sostiene la Comisión.
"La amnistía supone el olvido del delito y la cancelación del derecho a conocer la verdad de lo ocurrido. El país reclama y merece este derecho, lo que se refleja por ejemplo en el mandato conferido a la Comisión de la Verdad y Reconciliación", agrega.
Por su parte, el primer ministro Roberto Dañino dijo este viernes que el gobierno ha dado muestras de "absoluto respeto" a la institucionalidad.
"Nosotros como ministros no perdemos el derecho constitucional de expresar nuestras opiniones y ellas no son interferencias", dijo Dañino, precisando que los miembros del Poder Judicial no deben sentir esas declaraciones como una "presión indebida".
En medio de la polémica, un informe del Equipo Peruano de Antropología Forense, que analizó los cadáveres de los emerretistas abatidos durante el rescate, indicó que se habrían producido asesinatos extrajudiciales, según los diarios El Comercio y Correo.
"Es factible afirmar que existen evidencias, en al menos ocho de los catorce casos, en que las víctimas se habrían hallado incapacitadas al ser disparadas", señalan los forenses.
Agregan que "la localización de las lesiones y su recurrencia indican que quienes las infligieron tenían conocimiento fehaciente de lo letales que eran".
Según el informe citado por los diarios, uno de los emerretistas registra cinco impactos de arma de fuego sólo en la cabeza y otro al lado derecho de la nuca, con dirección de atrás hacia adelante.
El informe hace referencia al caso de uno de los rebeldes, quien a diferencia de los otros casos que presentan varios impactos de bala, recibió sólo un disparo en la parte posterior del cuello.
El Centro Peruano de Antropología Forense es dirigido por el experto José Pablo Baraybar, quien ha realizado trabajos para el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia, del cual es miembro, y también para el Tribunal Penal de Ruanda.
