CARACAS.- Un grupo de activistas populares venezolanos desalojaron hoy la embajada de España en Caracas tras permanecer durante casi seis horas en ella para denunciar una supuesta persecución en su contra.
Ocho venezolanos irrumpieron con engaños antes del mediodía (16.00 GMT) para denunciar que en el estado de Carabobo son perseguidos por sus actividades civiles y estudiantiles por parte del gobernador Henrique Salas Feo y de los funcionarios "chavistas" en esa región del centro-norte de Venezuela.
El embajador de España en Caracas, Manuel Viturro, dijo a EFE que los cuatro últimos ocupantes que quedaban en la legación -después de haber salido el resto dos horas antes- abandonaron el recinto hacia las 17.15 hora local (21.15 GMT).
Viturro indicó que los venezolanos, de entre 25 y 35 años, se fueron de la embajada agradeciendo a sus funcionarios el trato dispensado mientras permanecieron en ella.
Horas antes habían llegado a la legación con el subterfugio de recibir información por parte de la sección de estudios sobre las pruebas de selectividad en España, y una vez dentro aprovecharon para pedir asilo en ausencia de Viturro, aunque en realidad pretendían protestar por su situación.
Los ocupantes, según fuentes de la legación, indicaron que habían conseguido su principal objetivo que es el de informar personalmente de sus denuncias al Defensor del Pueblo, Germán Mundaraín; el Fiscal General, Isaías Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.
En sus conversaciones con Viturro, expresaron que su principal reivindicación era hablar con estos tres altos funcionarios para explicarles la persecución política y las amenazas que han recibido en Carabobo de parte del gobierno regional del democristiano Salas Feo y del aparato "chavista" en ese estado.
Sin embargo, Carlos Fermín, inspector de seguridad de Carabobo, manifestó a la cadena de televisión Globovisión lo "absurdo" de la denuncia.
Viturro dijo que las personas se han comportado correctamente y desalojaron la legación por voluntad propia.
El Defensor del Pueblo envió a la embajada, con el consentimiento del embajador, a tres funcionarios para conversar, sin intervención de los funcionarios diplomáticos con los ocupantes, y se mostró dispuesto a mediar y a reunirse con ellos personalmente en su despacho.
También acudieron durante el encierro dos diputados de la comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional para interesarse por los problemas del grupo, a fin de buscar soluciones.
Viturro explicó a EFE que en su conversación con los ocupantes les informó de que como embajador sus interlocutores son las autoridades nacionales de Venezuela no las estatales ni las locales, y que "lo lógico es que las conversaciones continúen entre los interesados en otro lugar", de ahí que cuatro de ellos salieran voluntariamente para buscar otro sitio para proseguirlas.
Fuentes diplomáticas señalaron en Madrid a EFE que la ley española de asilo y refugio, de acuerdo con las convenciones internacionales, no permite la concesión de asilo político en un Estado por un nacional del mismo, lo que impide que, en este caso, se conceda asilo en Venezuela a un venezolano.
La irrupción de los ocho venezolanos se produce en medio de una psicosis de peticiones de asilo político en varias embajadas extranjeras en Caracas.
En el último mes y medio, tras la crisis política e institucional ocurrida entre el pasado 11 y 14 de abril en Venezuela, cuando se fraguó un golpe de estado cívico-militar en contra del presidente Hugo Chávez, se han producido tres incidentes en legaciones.
