BUENOS AIRES.- La provincia de Buenos Aires, la más poblada de Argentina, firmó hoy un compromiso para bajar el déficit fiscal durante este año, lo que contribuye al plan del Presidente del país, Eduardo Duhalde, para lograr ayuda financiera del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El gobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, se comprometió ante el Estado argentino a bajar al menos el 50 por ciento el rojo de las cuentas públicas y a lograr el equilibrio en el año 2003.
Además, Solá se manifestó dispuesto a detener la emisión de los bonos "patacón", que conviven en la provincia junto con el peso, si a cambio se le asegura una fuente de financiación.
El FMI exigió como condición previa a cualquier negociación de ayuda financiera para Argentina que las 23 provincias argentinas y la ciudad de Buenos Aires firmen un compromiso de fuerte reducción del déficit fiscal.
Hoy también suscribió el acuerdo el gobernador de la norteña Tucumán, Julio Miranda, lo que eleva el número de estados federales que asumieron el compromiso fiscal a 11.
Después de conseguir ayer, jueves, la derogación por parte del Parlamento de una ley que era objetada por el FMI, la administración de Duhalde busca que la semana próxima todos los distritos terminen por suscribir los convenios, que han generado fuertes resistencias en algunas provincias.
Buenos Aires, que es el distrito más rico y poblado del país y estaba en la mira del FMI porque concentra el mayor nivel de gasto público, ha emitido una gran cantidad de bonos públicos para sortear sus dificultades financieras, política con la que el organismo internacional no está de acuerdo.
El ministro argentino del Interior, Jorge Matzkin, dijo hoy que es posible que la provincia de Santa Fe, gobernada por el ex piloto de automovilismo y peronista Carlos Reutemann, firme las actas en la próxima semana.
Santa Fe demora la ceremonia a la espera del pago de una deuda de 400 millones de pesos (unos 111 millones de dólares) por parte del Estado argentino.
El jueves pasado, la Cámara Alta anuló una ley que castiga delitos bajo la figura de la subversión económica, por la que estaban encausados banqueros y empresarios acusados de delitos económicos.
Esa norma recibió fuertes críticas del Fondo Monetario, al igual de la ley de quiebras, que fue modificada de acuerdo con las recomendaciones del organismo a comienzos de este mes.
