LAGOS.- Un tribunal de apelación del estado de Katsina, norte de Nigeria, revisa hoy la pena de muerte por lapidación dictada contra Amina Lawal, la segunda nigeriana acusada de adulterio desde que se impuso hace dos años la sharia o ley islámica en la región.
Según fuentes cercanas al caso, la defensa podría presentar un nuevo recurso si la corte ratificara hoy el veredicto, emitido a fines de marzo de acuerdo con la ley islámica que lleva dos años vigente en 12 de los 18 Estados de la región.
Amina, de 30 años y que se casó a los 14, fue condenada a morir apedreada tras admitir haberse quedado embarazada después de divorciarse de su esposo, en una sentencia que ha provocado un clamor de rechazo por parte de la comunidad internacional.
La acusada, que es respaldada por grupos de lucha por los derechos humanos que le costean la defensa, admitió haber tenido relaciones sexuales con un vecino de su poblado que fue identificado como Yahava Mohamed y quien le había prometido desposarla.
Fruto se esa relación, Amina dio a luz a principios de este año a una niña, cuya paternidad negó Mohamed, quien reconoció sin embargo haber tenido "lazos sentimentales" con la acusada.
La mujer, que fue detenida por sus propios vecinos y llevada al tribunal que la condenó de inmediato a morir lapidada y exoneró a Mohamed por "falta de pruebas", no pudo contar entonces con la asistencia de un abogado defensor por su total carencia de medios.
La condena a muerte de Amina es la segunda desde la adopción en 2000 de la ley islámica en doce de los estados del norte de Nigeria.
La sentencia en primera instancia contra Lawal fue pronunciada el mismo día en que Safiya Husaini -la primera nigeriana condenada a muerte por apedreamiento también acusada de adulterio- fuera absuelta por el tribunal islámico de apelación del vecino Estado de Sokoto.
Safiya, de 35 años, tres veces divorciada y madre de cinco hijos, fue hallada en octubre pasado culpable de mantener relaciones sexuales con un hombre casado, pese a que en sus primeras declaraciones ante el tribunal denunció que el presunto amante, un vecino de su aldea, en realidad la había violado.
El tribunal que la condenó no enjuició por el mismo delito al hombre acusado por Safiya y aunque éste más tarde confesó su responsabilidad a tres policías, sus testimonios no fueron suficientes para lograr el perdón por el tribunal de la "adúltera", ya que en estos casos la sharia exige cuatro testigos.
Más tarde al iniciarse la revisión del caso ante un tribunal de apelación islámico, la condenada confesó que su hija Adama era fruto de una relación sexual mantenida con su ex-esposo, con el que pretendía casarse de nuevo.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado el favoritismo manifestado en ambos casos por los tribunales respecto a los hombres involucrados, que quedaron en libertad.
Las condenas contra Amina y Safiya, así como la ejecución de sentencias de amputación de manos a varias personas culpables de robo, y de otra serie de castigos físicos como latigazos previstos por la ley islámica, han sido severamente criticados por el propio gobierno nigeriano, que bajo presión de la comunidad internacional ha declarado "ilegal" la sharia.
La pena capital que prescribe la ley islámica para los adúlteros se cumple enterrando al reo hasta el cuello, o hasta las axilas en el caso de las mujeres, que luego es apedreado por la multitud hasta morir.
