CARACAS.- La oposición venezolana volvió esta semana a las calles para exigir la renuncia del Presidente Hugo Chávez con movilizaciones acompañadas por el ruido de sables, cuando se conmemoran dos meses del fugaz golpe de Estado que lo separó del poder durante 48 horas.
Los actos comenzaron la noche de este lunes, cuando unas 3.000 personas realizaban una vigilia en la Plaza Francia de Altamira, exclusivo este de Caracas, para recordar a los muertos en el marco de las marchas opositoras y chavistas que el 11 de abril desembocaron en un golpe militar contra Chávez.
"Se va, se va, se va" y "ni un paso atrás", coreaban los presentes, que también observaron una obra teatral representada por humoristas que denunciaron el supuesto acoso que han sufrido por parte de simpatizantes del oficialismo.
Las organizaciones sociales y políticas que convocan las manifestaciones de esta semana continuarán sus protestas el martes, cuando instan a los ciudadanos a que lleven luto y hagan un minuto de silencio al mediodía (16:00 horas GMT).
El acto central se realizará el sábado con una manifestación opositora pero hasta ese día están programadas diversas actividades, entre ellas vigilias para recordar a los muertos y proclamar solidaridad con los militares sancionados por golpistas.
El Gobierno y la oposición se intercambian acusaciones mutuas sobre los autores de los disparos que mataron a 17 personas el 11 de abril cuando la manifestación opositora se acercaba al presidencial Palacio de Miraflores, donde se concentraban los simpatizantes de Chávez.
Altos oficiales acusaron al Gobierno de los incidentes, se sublevaron, arrestaron a Chávez e instalaron en la madrugada del 12 de abril un Gobierno de transición encabezado por el empresario Pedro Carmona que, 48 horas después, fue desbaratado cuando militares leales al Presidente lo devolvieron al poder.
A diferencia del 11 de mayo, cuando el oficialismo recordó con una marcha el primer mes del golpe, esta vez los simpatizantes de Chávez no tienen previsto realizar ningún tipo de actividad en Caracas. En cambio, están desarrollando movilizaciones en el interior del país que concluirán el 24 de junio con un acto en la capital.
Conjurado el golpe, Chávez tendió una mano para acercarse a la oposición pero los esfuerzos de diálogo resultaron infructuosos. Los opositores se movilizan para desplazar a Chávez del poder por vías legales pero al mismo tiempo crecen las señales de un profundo descontento militar con el Mandatario, que amenaza con desatar nuevas rebeliones.
Un centenar de oficiales superiores perdieron sus mandos, acusados de haber participado en el golpe de abril, y cerca de 600 uniformados están expuestos a ser sometidos a tribunales disciplinarios internos que pueden ordenar sus bajas, según opositores.
Militares activos y retirados acusan al Presidente de haber desatado una caza de brujas dentro de las fuerzas armadas para purgar a los militares que disienten con su proyecto político.
"El objetivo es el de llevar a las fuerzas armadas un castrocomunismo", dijo este lunes el coronel retirado Hidalgo Valero, abogado de militares disidentes.
Chávez debe decidir antes del 5 de julio la nómina de ascensos militares y la oposición acusa al Presidente de estar abonando el camino para que sólo los fieles al Gobierno sean promovidos.
"Lo que está valiendo no es el mérito sino la adulación a un régimen totalitario", dijo Valero.
Dos almirantes involucrados en el golpe fueron dados de baja por tribunales internos en tanto que cuatro generales y almirantes serán sometidos desde el 20 de junio a procesos judiciales.
Para ese día está prevista una manifestación de militares retirados en solidaridad con sus camaradas y los organizadores planean desfilar con sus uniformes. El Presidente advirtió el domingo que utilizar el uniforme en una marcha es ilegal y dijo que quienes lo hagan se exponen a ser castigados.
Las autoridades del distrito en donde se realizará la marcha anunciaron el lunes que no darán permiso para que se realice la protesta castrense. El alcalde de Caracas, Freddy Bernal, dijo que esa protesta viola la norma constitucional que prohíbe a los militares involucrarse en política.
