LIMA.- El Gobierno peruano recibió de la Corte Suprema un pedido para que gestione la extradición de Japón del destituido Presidente Alberto Fujimori, para su juzgamiento en Lima por cargos de homicidio calificado y desaparición forzada de personas.
El ministro de Justicia, Fernando Olivera, dijo el martes que la Comisión de Extradición Activa de su cartera, integrada además por representantes de la Cancillería, opinó favorablemente para pedir la extradición de Fujimori, ante denuncias "por violaciones de derechos humanos en los casos de los Barrios Altos y La Cantuta".
Olivera indicó que una vez aprobado el pedido de la Corte por el gabinete del Presidente Alejandro Toledo, y cumplidas las formalidades de rigor, se gestionará la extradición de Fujimori ante el Gobierno japonés.
El canciller Diego García-Sayán dijo anteriormente que "la batalla (para extraditar a Fujimori) se dará en los campos jurídico y político, para que se interpreten y apliquen los principios del derecho internacional, que buscan que los crímenes de lesa humanidad no queden en la impunidad".
Indicó que se batallará para la interpretación de "normas específicas de la legislación japonesa, que establecen que en determinadas hipótesis, cuando existe doble nacionalidad, se puede privar de la nacionalidad japonesa a quienes hayan ocupado cargos de poder en otros Estados, que evidentemente es el caso del prófugo Fujimori".
La Fiscal de la Nación, Nelly Calderón, denunció el año pasado a Fujimori ante el Poder Judicial, luego que el Congreso aprobó acusarlo constitucionalmente, por su presunta responsabilidad y participación en la matanza de quince trabajadores, un profesor y nueve estudiantes universitarios.
Un vocal supremo, José Lecaros, ordenó entonces la detención internacional de Fujimori, refugiado en Japón, para su encausamiento por presuntos delitos de homicidio calificado y desaparición forzada de personas, durante su Gobierno en la década pasada.
Los trabajadores fueron asesinados a tiros en una casa céntrica de Lima en diciembre de 1990, mientras que el profesor y los estudiantes fueron abatidos en julio de 1991, también a balazos, en una quebrada, luego de haber sido sacados de la Universidad La Cantuta ubicada al este de aquí.
Las matanzas fueron cometidas por un escuadrón de la muerte conocido como "Grupo Colina", integrado por militares que acataban órdenes del entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos, con conocimiento de Fujimori, según las autoridades.
Tanto el profesor como los universitarios y los trabajadores fueron asesinados porque las autoridades civiles y militares de la época, según dijeron entonces, presumían que podrían tener algún nexo con grupos subversivos.
García-Sayán dijo, en la ocasión, que la orden del vocal Lecaros "es un paso que se ha dado, pero no hay que pensar que tendrá un efecto inmediato. Sin embargo, estoy seguro que en algún momento la justicia peruana conseguirá su propósito, que no es sancionar a Fujimori, sino que comparezca a los procesos judiciales con todas las garantías del debido proceso".
Autoridades japonesas han dicho que no entregan a sus nacionales para su enjuiciamiento en otros países. Alegan que Fujimori, nacido en Perú, es japonés ya que sus padres tienen esa nacionalidad y porque, adicionalmente, tras su nacimiento lo inscribieron en el Consulado de Japón en Lima.
García-Sayán dijo que Perú gestionará la extradición de Fujimori basándose en el principio de la nacionalidad predominante, reconocida por la legislación japonesa, según la cual un japonés puede ser privado de esa nacionalidad si desempeñó un cargo público en otro Estado. Fujimori fue Presidente del Perú, entre 1990 y 2000.
Fujimori huyó a Japón a fines de 2000 al desplomarse su Gobierno de diez años y 105 días carcomido por un escándalo de corrupción.
