MADRID.- El Senado de España aprobó por abrumadora mayoría el martes un proyecto de ley que permitiría prohibir un partido nacionalista vasco radical, pese a los temores en el País Vasco de que pueda exacerbar el conflicto en la región.
El proyecto, que se convertirá en ley con la firma del rey Juan Carlos y luego que se publique en el diario oficial, apunta al partido Batasuna, que obtuvo el 10 por ciento de los votos en las elecciones regionales del año pasado.
El gobernante Partido Popular y el mayor de oposición, Partido Socialista Obrero Español (PSOE), figuraron entre los que apoyaron la iniciativa. El frente Izquierda Unida, encabezado por los comunistas y el Partido Nacional Vasco, se opusieron en la votación de 214 votos contra 15.
El gobierno acusa a Batasuna de ser el brazo político del proscrito grupo separatista vasco ETA (Patria Vasca y Libertad), que ha matado a 800 personas desde 1968 en su lucha por un estado vasco independiente en el noreste de España y suroeste de Francia.
El proyecto de ley tuvo amplio apoyo fuera del País Vasco como un paso importante para aplastar a ETA. Pero es visto con temor y desdén por algunos en la región vasca, donde los políticos han advertido que podría ser contraproducente.
"... queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de Ley Orgánica de Partidos Políticos", dijo el vicepresidente del Senado, Alfredo Prada, luego de la votación del martes.
El pleno de la cámara alta rechazó las enmiendas y propuestas de veto presentadas y tras un debate de seis horas dio su respaldo a la iniciativa, que el Partido Popular del Presidente del gobierno, José María Aznar, quiere que entre en vigor cuanto antes.
El proyecto establece los motivos para ilegalizar una formación política y establece que esto sólo será posible con carácter "extraordinario" cuando los partidos tengan actividades "racistas, terroristas y xenófobas", y en ningún caso se promoverá su ilegalización por motivos ideológicos.
La futura ley, que reemplaza a la de 1978, establece que la instancia judicial competente para entender en este tipo de causas sea el Tribunal Supremo.
