BUENOS AIRES.- El gobierno, sacudido por la sangrienta violencia callejera de la víspera, que causó la muerte de dos personas y más de 90 heridos, advirtió el jueves sobre la posibilidad de que "grupos minoritarios y violentos" repitan esos episodios, durante marchas de protesta convocadas por sectores políticos, sindicales y de desempleados.
"El gobierno sigue con atención y preocupación estos episodios y, en este sentido, apela a la reflexión y serenidad, como así también a la actitud responsable de la ciudadanía con el propósito de evitar hechos que lamentamos", expresó un comunicado firmado por el ministro del Interior, Jorge Matzkin.
El Presidente Eduardo Duhalde, a quien el episodio de ayer infirió un serio daño político, que se agregó a sus serias complicaciones económicas, ordenó investigar "hasta las últimas consecuencias" lo acontecido el miércoles en un puente de acceso desde la vecina ciudad de Avellaneda.
"El Presidente quiere saber quién está detrás de esta situación", dijo a la prensa el jefe del gabinete de ministros, Alfredo Atanasof, mientras la policía y organizaciones radicalizadas de desempleados, denominados "piqueteros", se acusaban por esos episodios.
Efectivos policiales chocaron con una numerosa columna de "piqueteros" que intentaron cortar ese puente. Se produjo una confusa situación con corridas entre nubes de gases lacrimógenos, disparados por la policía, que dice haber utilizado solamente balas de goma, y una intensa pedrea que provino de los manifestantes.
Se comprobó que dos jóvenes piqueteros habían muerto alcanzado por balas que según los manifestantes, partieron de las filas policiales. Las fuerzas de seguridad y el gobierno lo niegan y atribuyeron las muertes a disparos provenientes de las filas de los piqueteros, a causa de sus presuntas divergencias internas.
"El Presidente quiere que esto se investigue hasta las últimas consecuencias", declaró Atanasof.
Desde las filas de la centroizquierdista Alternativa para una República de Iguales (ARI), la tercera fuerza política nacional, se denunció en la noche del miércoles presuntas maniobras de los sectores de derecha del partido peronista de Duhalde, para "desestabilizarlo" y favorecer a su rival partidario, el ex presidente Carlos Menem.
"Nosotros no descartamos ninguna hipótesis", dijo el secretario de seguridad Interior, Juan José Alvarez, quien sin embargo culpó de los incidentes a los piqueteros radicalizados.
El denominado "Bloque Piquetero Nacional", formado por media docena de organizaciones radicalizadas, organizó para la tarde del jueves una marcha callejera desde la Plaza del Congreso, hasta la Plaza de Mayo, donde se encuentra la Casa de Gobierno.
Simultáneamente, la izquierdista Central de Trabajadores Argentinos (CTA) dispuso para el jueves un paro de actividades, en repudio por los episodios del miércoles. Pero la medida de fuerza pasó virtualmente inadvertida, con solamente alguna incidencia en escuelas y colegios, cuyos profesores pertenecen a un sindicato adherido a la CTA.
El gobierno dispuso "un gran despliegue preventivo para evitar hechos de violencia", según anunció el jueves Atanasof.
La Plaza de Mayo estaba este mediodía rodeada por centenares de policías federales fuertemente armados y con escudos protectores. Un largo vallado metálico impide al público acercarse a menos de 100 metros de la Casa de Gobierno, mientras helicópteros policiales sobrevolaban el lugar.
