LIMA.- Una comisión del Congreso de Perú ha pedido que el legislativo decrete la incautación inmediata de todos los bienes del ex presidente Alberto Fujimori, de 14 ex ministros, de seis ex jefes militares y de tres ex altos funcionarios, por haber dado el "auto golpe" de Estado del 5 de abril de 1992.
La petición ha sido planteada en el informe final de una comisión investigadora del "auto golpe", al que tuvo acceso EFE y en el que se propone además que Fujimori y cuatro ex ministros sean acusados constitucionalmente del delito de "infracción a la Constitución".
El contenido del informe fue confirmado por el congresista y miembro de la comisión investigadora José Luis Risco, del partido Unidad nacional (UN).
El 5 de abril de 1992, Fujimori asumió poderes plenos con el apoyo de los militares y disolvió el Congreso, el Tribunal Constitucional, intervino la Judicatura, y arrestó a los principales líderes políticos, quienes fueron liberados pocos días después debido a que el "auto golpe" tuvo un amplio apoyo ciudadano.
El pedido de incautación de bienes alcanza a Fujimori, a los ex ministros Oscar De la Puente, Fernando Vega, Augusto Blacker, Jaime Sobero, Alfredo Ross, Víctor Joy Way, Víctor Malca, Jaime Yoshiyama, Juan Briones, Carlos Boloña, Absalón Vásquez, Víctor Paredes y Augusto Antoniolli.
También al hermano y asesor del ex presidente Santiago Fujimori, al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, el ex asesor de los servicios de información Rafael Merino, los ex jefes militares Nicolás Hermoza, Arnaldo Velarde, Alfredo Arnáiz, Julio Salazar y Luis Salazar, y el ex jefe de la policía Adolfo Cubas.
De acuerdo con los procedimientos parlamentarios, el informe de la comisión investigadora deberá ser visto la próxima semana por la Comisión Permanente del Congreso.
El documento pide además que el Congreso denuncie penalmente a 35 ex jefes de las regiones militares y de la policía que apoyaron el "auto golpe" como presuntos responsables o cómplices de los delitos de "rebelión y secuestro".
Por esos mismos delitos también deben ser acusados, a juicio de la comisión, los ex ministros De la Puente, Vega, Blacker, Sobero, Ross, Joy Way, Malca, Yoshiyama, Briones, Boloña, Vásquez, Paredes y Antoniolli, así como Montesinos, Merino, Santiago Fujimori, y los generales Hermoza, Arnáiz, Velarde, Salazar y Cubas.
En sus recomendaciones, el informe sugiere además que el Congreso inhabilite a los acusados para ejercer cualquier función pública durante diez años.
