SAN LORENZO, España.- El juez español Baltasar Garzón dijo hoy que "da la sensación de que toda la lucha contra el terrorismo desde Estados Unidos se desarrolla fuera de la legalidad", por su intervención en Afganistán y por el trato a los detenidos tras los atentados del 11 de septiembre pasado.
Garzón, magistrado de la Audiencia Nacional española, hizo estas manifestaciones en su conferencia "Corte Penal Internacional. Tribunales ’ad hoc’ y terrorismo", que hoy pronunció en el curso de verano de El Escorial sobre "Genocidios y crímenes de lesa humanidad: la paz como única opción".
Para el juez, es un "terrible error el unilateralismo de Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo" ya que el bombardeo de un país, en referencia a Afganistán, "no es la medida más idónea".
En este sentido, recordó que Estados Unidos y sus aliados argumentaron que el ataque a Afganistán se hacía en virtud del derecho a la legítima defensa, cuando, a juicio de Garzón, no concurren los requisitos que puedan legitimar ese derecho en este caso, ya que no se trata de probar qué organización terrorista fue responsable de los atentados del 11-S, sino si fue el gobierno talibán el que los ordenó.
Para reivindicar el derecho a la legítima defensa invocado por Estados Unidos -señaló-, antes habría que demostrar con pruebas que existió una orden de agresión desde el gobierno talibán, e insistió en que todo es "una cuestión de pruebas".
Por todo ello, lamentó que tras la invasión de Afganistán se sigan produciendo "daños colaterales" al creer que se bombardea a terroristas cuando en realidad se trata de personas inocentes que, como ha ocurrido recientemente, sólo celebran una boda.
"Tampoco se puede pensar que todos los afganos son terroristas", advirtió el magistrado al denunciar hechos como éste o el trato dispensado a los detenidos en Estados Unidos y Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre en Washington y Nueva York.
Destacó al respecto que ha habido gran cantidad de detenidos sin que exista ninguna acusación contra ellos y que se encuentran retenidos sin ningún tipo de garantías ni defensa.
Garzón aseguró que muchas de estas personas han sido arrestadas únicamente para sacarles información sobre Al Qaeda sin que puedan ser asistidos por un letrado, y estimó que todos ellos deberían ser sometidos a la justicia ordinaria y no a tribunales militares.
"Esa es la legalidad que se contrapone a lo que se pretende desde la Corte Penal Internacional", que entró en vigor el pasado uno de julio, sin que potencias como Estados Unidos, Rusia o China suscribieran su estatuto constituyente.
Garzón criticó duramente la actitud del gobierno de George Bush frente al Tribunal Penal Internacional (TPI), al que ataca con afirmaciones tales como que los fiscales que en él intervendrán serán "políticos" que irán contra los intereses de Estados Unidos, según explicó el juez.
El magistrado también lamentó el hecho de que el Congreso de EE.UU. debata una norma de protección de sus funcionarios que se encuentren en alguna misión en el extranjero frente al TPI, contra el que se adoptarían medidas si acuerda en algún momento enjuiciar a un ciudadano norteamericano sin el consentimiento de su gobierno.
"El TPI no va a ver todos los crímenes contra la humanidad que se cometan en el mundo -dijo Garzón-, ni van a desaparecer las competencias de las jurisdicciones nacionales y todos los Estados seguirán teniendo la obligación de aplicar el principio de justicia universal, sobre todo aquellos países que no hayan ratificado el estatuto de la Corte Penal Internacional."