CARACAS.- Cuatro jefes castrenses pidieron al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que suspenda un proceso en su contra por el delito de rebelión, argumentando que desconocieron la autoridad del presidente Hugo Chávez después que esté ordenó reprimir una marcha en abril.
La policía metropolitana de Caracas y agentes de la Guardia Nacional debieron intervenir para separar a los bandos y contener a los simpatizantes del gobierno, que lanzaron piedras e insultaron a los militares rebeldes cuando abandonaron el tribunal.
"Este hecho bochornoso es una muestra más que el presidente Chávez lo que ha hecho es sembrar odio y ha organizado estos grupos malamente llamados bolivarianos para silenciar la voz de quienes tienen la valentía de censurar sus actos", expresó el general rebelde Néstor González, también investigado para determinar su participación en esa fallido golpe de estado de abril.
El sangriento desenlace de la marcha de abril, con 18 personas muertas y más de 300 heridas, derivó en la salida temporal del mandatario. Chávez regresó al poder en medio de demandas callejeras y sublevaciones de militares aliados.
Chávez expresó el jueves que los juicios comenzados contra los altos oficiales implicados en el fallido golpe de estado de abril son una "prueba de fuego" para la constitución que entró en vigencia en enero del 2000.
"Estamos probando la constitución", expresó el mandatario durante un encuentro con la prensa extranjera.
Agregó que estos procesos representan una "fortaleza" más que un acto de debilidad de su gobierno, tal como habían señalado algunos de los miembros del oficialismo que le habían exigido acciones más enérgicas contra los militares disidentes.
Los militares acusados de rebelión son el vicealmirante Héctor Ramírez, el contralmirante Daniel Comisso y los generales Efraín Vásquez y Pedro Pereira. Dijeron que no se trató de un planificado golpe de Estado, sino una reacción ante la agresión ejercida contra los manifestantes.
"La acción nuestra fue coyuntural, no premeditada", dijo Vásquez ante los magistrados.
Otros militares también han declarado que se negaron a obedecer la orden de usar la fuerza contra los civiles desarmados.
