MOSCU.- El Presidente Vladimir Putin promulgó hoy jueves una ley que autoriza la propiedad privada de la tierra, borrando definitivamente el pasado colectivista del sector agrícola del país.
La ley sobre la compraventa de propiedades agrícolas, aprobada en junio por los diputados de la Duma (Cámara baja) y el 10 de julio por el Consejo de la Federación (Cámara alta) fue firmado por el Presidente ruso, confirmó el Kremlin.
La nueva ley autoriza la privatización de 406 millones de hectáreas, es decir, un 24% del territorio ruso.
Este tema era tabú desde la revolución bolchevique de 1917 y la violenta colectivización llevada a cabo bajo el régimen de Stalin a principios de los años 30.
El ex Presidente ruso Boris Yeltsin nunca se atrevió a hincar el diente a esta normativa debido a la oposición radical de los comunistas, agricultores y un gran número de responsables regionales, quienes sumados a buena parte de la población denunciaron "la venta de la patria".
Yeltsin sólo decidió a principios de los años 90 a distribuir formalmente la tierra a los empleados de los koljós y los sovjós y entonces, cerca de 13 millones de personas tuvieron derecho a una parcela de tierra.
Además, ante la falta de una ley federal, varias regiones autorizaron la venta de tierras durante los últimos años, sin castastro ni referencia de precio.
Pero Vladimir Putin consideraba esta reforma primordial para el futuro de la agricultura rusa, que se pasea al borde del abismo desde la desaparición de la URSS.
El año pasado la cosecha de cereales llegó a 85 millones de toneladas, un nivel suficiente para que una parte sea dedicada a la exportación, pero la producción sigue siendo muy débil, la competitividad inexistente y el sector no dispone de los capitales necesarios para garantizar la modernización del sector y volver a ser una potencia agrícola.
Putin había puesto interés y tomado precauciones para que la ley no fuera bloqueada y recibiera el apoyo de una mayoría de diputados.
La normativa especifica que los extranjeros no tendrán derecho de ostentar propiedades y sólo podrán alquilar tierras agrícolas para una duración máxima de 49 años. Las autoridades locales ostentarán un poder importante para controlar la privatización de la tierra.
Pero a pesar de la buena voluntad gubernamental, esta ley podrá tardar años en llevarse a la práctica ya que hay partes del país que se oponen a cualquier privatización del campo, subrayaron expertos.
