MONTEVIDEO.- El Gobierno uruguayo decidió endurecer las medidas de seguridad y a la vez incrementar desde hoy la ayuda social para tratar de frenar los saqueos de comercios, en medio de una grave crisis del sistema financiero del país.
A partir de hoy se ampliará de doce a 31 el número de locales del Instituto Nacional de Alimentación (INDA) encargados de repartir almuerzos gratis a unas 13.000 personas, señaló anoche el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Álvaro Alonso.
El ministro dijo que en un radio de 500 metros de casi todos los lugares donde se registraron los saqueos los pasados miércoles y jueves hay algún centro del INDA que da a diario alimentación gratuita a miles de personas.
El INDA entrega también una canasta de alimentos mensuales a cientos de familias de los barrios con mayores carencias económicas de Montevideo, donde reside la mitad de los 3,3 millones de habitantes del país.
Además, la Intendencia (Alcaldía) de la capital uruguaya estudia formas para ampliar el cupo de las personas que atiende desde el pasado mes de junio en el denominado operativo "frío polar", destinado a dar alojamiento nocturno, alimentación y cuidados médicos a las personas que viven en las calles.
Veinticuatro horas después de que el pasado miércoles se produjera el primer saqueo de un supermercado que se recuerda en la historia del pacífico y estable Uruguay, hubo trece casos más y "numerosos intentos", según el recuento del ministro del Interior, Guillermo Stirling.
El ministro denunció que hay grupos, que no identificó, que están intentando desestabilizar a la sociedad uruguaya y su estilo de vida.
"No se sabe qué tipo de grupo está detrás de los saqueos, pero podemos afirmar que fueron perfectamente organizados", agregó.
"A partir de ahora, lo que hará la policía será respaldar y garantizar la propiedad con firmeza. Los saqueos se van a controlar", aseguró Stirling.
El presidente Jorge Batlle convocó anoche a los líderes de los principales partidos políticos a su residencia para informarles de la situación, que en el plano del orden público es "preocupante", según el jefe de Policía de Montevideo, Nelsi Bobadilla.
Los líderes políticos convocados fueron dos ex presidentes, el "colorado" Julio María Sanguinetti y el "blanco" Luis Alberto Lacalle, de partidos integrados en la coalición de Gobierno, así como el líder de la oposición, Tabaré Vázquez, del izquierdista Frente Amplio.
Antes de asistir a la residencia presidencial, Vázquez pareció responder al ministro de Interior y a sus denuncias de la existencia de grupos desestabilizadores detrás de los saqueos, cuando indicó que el Frente Amplio, del que forman parte grupos radicales como los ex guerrilleros Tupamaros, ha demostrado "una enorme lealtad institucional" y una "enorme madurez y seriedad".
También respondió a la afirmación de Stirling de que los ataques a comercios "no tienen justificación", al manifestar que la razón de los saqueos es que los uruguayos "tienen hambre" debido a la recesión económica.
La central sindical PIT-CNT, la más importante del país, pidió una reunión "con carácter grave y urgente" al presidente Jorge Batlle, para plantear dos reclamaciones sobre asuntos "prioritarios" que tienen que ver con los saqueos.
El Gobierno, en opinión de los sindicatos, debe asumir como "un asunto de Estado" medidas para "resolver el problema de la comida" de los uruguayos y descartar todo "intento de resolver esta dramática situación por la vía de la represión y el ataque a la institucionalidad democrática y a las libertades públicas".
Además, durante el acto con el que finalizó una huelga de cuatro horas, realizada el jueves en Montevideo para pedir que se garantice la estabilidad del sistema financiero como medio de reactivar la economía, la central sindical reclamó medidas concretas para paliar las "dolorosas secuelas" de la crisis, como la creación de una canasta básica de alimentos a precios reducidos.
Otra reclamación sindical fue una extensión del plazo para pagar facturas y créditos sin multas ni cargos por mora.
