HUNTSVILLE, Texas.- El mexicano Javier Suárez Medina fue ejecutado el miércoles por las autoridades del estado de Texas, mediante una inyección letal por el asesinato en 1988 de un policía antinarcóticos de Dallas, en una ejecución que el Presidente mexicano intentó impedir.
Suárez, de 33 años, murió después de que la Suprema Corte de Estados Unidos rechazó a último momento una apelación de México y luego que el gobernador de Texas, Rick Perry, desechara un pedido de suspensión del Presidente mexicano, Vicente Fox.
Texas, el estado norteamericano con mayor condenas a pena de muerte, ha ejecutado a 21 personas en lo que va de 2002 y 277 desde que se reinstauró la pena capital en 1982.
El mexicano, de 33 años, fue condenado por matar a balazos al policía encubierto Lawrence Cadena, de 43 años, durante una redada de compraventa de drogas el 13 de diciembre de 1988 en un estacionamiento de Dallas.
Suárez, que tenía 19 años al momento del crimen, admitió haber matado a Cadena pero dijo que no sabía que era policía.
México había presentado una apelación contra la ejecución a la Suprema Corte de Estados Unidos, bajo el argumento de que la policía violó los derechos de Suárez porque no fue puesto en contacto con el Consulado mexicano luego de su arresto, como exige la internacional Convención de Viena.
Sin comentarios sobre su decisión, la Suprema Corte estadounidense rechazó la apelación unos minutos antes de que Suárez fuera ejecutado pasadas las 18:20 horas locales (23:20 horas GMT) en una prisión en el centro de Huntsville, 121 kilómetros al norte de Houston.
Fox pidió clemencia a Perry y a su homólogo estadounidense, George W. Bush, pero no logró detener la ejecución.
"Ya hablé con el Presidente Bush, hemos estado haciendo la gestión en todos los niveles, con todos los que puedan tener una influencia en este sentido", dijo Fox a periodistas en el estado mexicano de Nuevo León, antes de la ejecución.
"Hemos hecho todo, todo lo que hay que hacer y esperamos, ojalá, que algo bueno suceda", agregó.
Gobernador opta por no intervenir
Fox, que tiene programada una visita a Texas para fines de mes, dijo a Perry que el caso Suárez tenía "la mayor prioridad" para su Gobierno y le escribió una carta diciendo que la ejecución era "ilegal".
Sin embargo, Perry -que podría haber ordenado una suspensión de 30 días y pedido a la Junta de Perdones de Texas que revisara el caso- eligió no intervenir.
Suárez nació en México, pero vivió en Texas desde los tres años. La policía de Dallas dijo que no lo pusieron en contacto con funcionarios del Gobierno de México porque no sabían que era mexicano.
Pero los fiscales dicen que habría sido condenado a muerte bajo cualquier circunstancia porque asesinó a un policía mientras hacía una entrega de cocaína, el doble delito que la ley de Texas tipifica como un caso de pena de muerte.
La apelación de México también decía que Suárez sufrió castigos crueles e inusuales porque le pusieron fecha 14 veces para ejecutarlo y en todas las oportunidades había sido salvado por maniobras legales, hasta hoy.
"Nunca he visto un caso en el cual la persona haya tenido tantas fechas de ejecución", dijo la abogada de Suárez, Sandra Babcock, una veterana en casos de pena capital.
Una docena de naciones latinoamericanas y dos europeas -España y Polonia- emitieron un documento legal en apoyo a la apelación mexicana, comentó la defensora.
La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Mary Robinson, se sumó el martes a los pedidos de clemencia, exhortando por medio de una carta al secretario de Estado estadounidense, Colin Powell, que revisara el caso.
Suárez se había volcado a la religión en prisión y dijo a la prensa recientemente que prefería morir que continuar viviendo en el aislamiento de su celda en Texas.
A los prisioneros condenados a muerte se les permite salir de sus celdas sólo una hora al día.
Funcionarios de la prisión dijeron el miércoles que Suárez no pidió una última comida.
La polémica con México en torno a la pena de muerte no es nueva para Texas, que lidera las cifras de ejecuciones del país y ha ejecutado al menos a otros cuatro mexicanos desde 1982. El último en morir fue Miguel Flores en noviembre de 2000.
El argumento de la Convención de Viena ha sido usado en varios casos previos en Texas.
