BUENOS AIRES.- La reducción salarial del 13 por ciento que el Gobierno argentino aplica desde mediados de 2001 a empleados públicos y jubilados de mayores ingresos fue declarada hoy "inconstitucional" por la Corte Suprema de Justicia.
La medida supone un duro golpe al plan de ahorro fiscal del Presidente Eduardo Duhalde y, aunque fue dictada a partir de una demanda particular iniciada contra el Estado por un militar, crea una jurisprudencia que servirá de amparo al resto de las personas perjudicadas por la reducción, según expertos legales.
La inconstitucionalidad fue declarada por el máximo tribunal argentino con efectos retroactivos, lo que habilita a los empleados públicos y a los jubilados con ingresos superiores a los 500 pesos (139 dólares) a exigir la devolución de la reducción que se les aplican a sus ingresos desde julio de 2001.
Antes de conocerse el fallo, el Gobierno sostuvo por medio de sus portavoces que no está en condiciones de hacer las devoluciones porque no tiene dinero.
La reducción salarial fue ordenada a mediados del año pasado por el entonces Presidente, Fernando de la Rúa (1999-2001), en su afán para alcanzar la meta de un "déficit cero" en las cuentas públicas.
La Corte consideró que choca contra la letra de la Constitución el decreto que dispuso la reducción y el artículo 10 de la ley que autorizaba al Poder Ejecutivo a fijar el piso salarial que quedaría exento de toda reducción.
La mayoría de los empleados del Estado y de los jubilados alcanzados por la reducción iniciaron demandas conjuntas o particulares contra el Estado, y hoy lograron el fallo de la Corte Suprema, que confirma otros anteriores dictados por instancias inferiores de la justicia.
Durante su presidencia, Carlos Menem también ordenó un recorte en los salarios más altos de la administración pública, pero en aquella ocasión la medida fue avalada por la Corte.
Hoy, el máximo tribunal rechazó el decreto de Fernando de la Rúa, por siete votos a dos, y aclaró que en esta ocasión la reducción no puede ser admitida porque los salarios se "han envilecido" a causa de la devaluación del peso permitida por Duhalde en enero pasado.
Desde esa devaluación y la posterior depreciación, el valor de la moneda argentina ha perdido el 70 por ciento frente al dólar. Unido a ello, la inflación acumulada en los primeros siete meses del año llega al 34,7 por ciento.
Además, el fallo sostuvo que De la Rúa utilizó el decreto "no como una alternativa de excepción" sino como "herramienta política económica destinada a obtener la reducción del gasto público y la estabilidad de las cuentas fiscales".
El recorte salarial había sido resuelto bajo el amparo de una declaración de "emergencia económica" y no fijaba plazos.
"La ausencia de límites temporales y cuantitativos de las quitas salariales desarticula todo el sistema del empleo público", señaló la Corte en el fallo, celebrado por los empleados estatales.
Añadió que "el derecho de los trabajadores estatales se encontraría en todo momento -de emergencia o sin ella- a merced de la discrecionalidad con que el poder público resolviese llevar a cabo su política económica, afectando derechos constitucionales de propiedad y los que tutelan la relación laboral".
La resolución del tribunal obliga al Estado a devolver el dinero del recorte salarial al militar Leónidas Tobar, quien inició acciones legales contra el Ministerio de Defensa.
La "inconstitucionalidad" de la reducción fue declarada mientras Argentina discute con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el borrador de una carta de intenciones con metas fiscales y monetarias que pueda servir de base para el acuerdo de ayuda financiera que el país negocia desde hace más de seis meses.
