MADRID.- El juez español Baltasar Garzón acordó hoy clausurar por tres años todas las sedes locales o establecimientos de los que la coalición independentista Batasuna disponga directa o indirectamente y con independencia del lugar donde se hallen.
Garzón, magistrado de la Audiencia Nacional de España, notificó esa decisión al Fiscal General del Estado en un auto de 375 páginas, que indica la suspensión de todas las actividades orgánicas, públicas, privadas e institucionales de Batasuna, considerada el brazo político de ETA.
El plazo de suspensión decidido por el juez es de 3 años, aunque el auto indica que es prorrogable hasta 5.
En el mismo se indica que la suspensión afecta a todas las actividades de la coalición independentista sea cual sea el nombre que ésta pueda adoptar, ya que con anterioridad se llamó Herri Batasuna (HB) y Euskal Herritarrok (EH).
En la resolución se explica que la medida no afecta a las actividades que en el ejercicio de sus funciones desarrollen los titulares de escaños ante alguna institución, pero sí a las que se lleven a cabo "fuera de los estrictos límites de la actividad institucional".
Por otra parte y en una acción paralela, el pleno del Parlamento español se reúne hoy a partir de las 14.00 GMT para votar una petición al Gobierno de José María Aznar que inste al Tribunal Supremo a dejar fuera de la ley a Batasuna por sus vínculos con la banda terrorista ETA.
La entrada en vigor del auto de Garzón supone que desde hoy se suspenden todas las actividades de esa formación política, así como la clausura de sus "herriko tabernas" o bares que funcionan como sedes de Batasuna y sus organizaciones culturales y deportivas, cuyas cuentas bancarias ya embargó en julio pasado.
Bajo administración judicial están ya las asociaciones culturales y deportivas dependientes de Batasuna, cuyos locales fueron embargados para cubrir los casi 24 millones de dólares en daños ocasionados por la violencia callejera de los seguidores de ese grupo.
Fuentes jurídicas señalaron que con la entrada en vigor de ese auto, en las próximas horas los agentes de la policía regional vasca (Ertzaintza) podrían empezar a ejecutar el cierre de los locales y sedes de Batasuna.
Tampoco podrán celebrar la manifestación contraria al proceso de ilegalización de Batasuna prevista para el 7 de septiembre en Bilbao (norte) y que un portavoz de Batasuna, Jon Urrujulegi, convocó el pasado sábado.
En San Sebastián (norte), poco antes de conocerse la notificación del juez, el portavoz municipal de Batasuna en el Ayuntamiento de esa ciudad, Josetxo Ibazeta, indicó que los simpatizantes de la formación (que allí funciona con el nombre de "Donostiako Sozialista Abertzaleak) iban a esperar encerrados en las sedes su clausura.
En el auto de Garzón se indica que se procederá a privar a esos centros de agua y electricidad.
Ibazeta dijo que con su presencia en estas sedes, los simpatizantes de Batasuna mantendrán una actitud de "resistencia pacífica" e intentarán mostrar su "solidaridad" con la formación radical.
El portavoz de Batasuna y ex militante de ETA, Arnaldo Otegi, amenazó la semana pasada al Gobierno regional vasco (integrado por partidos nacionalistas moderados) en caso de colaborar con el proceso emprendido por Garzón.
Otegi indicó que en caso de que fuera la policía vasca el cuerpo elegido para actuar como policía judicial contra Batasuna, la situación les "llevará a un escenario que nosotros no deseamos".
El jefe del Ejecutivo regional vasco, Juan José Ibarretxe, del PNV, respondió a Otegi que "las instituciones vascas cumplirán con la legalidad como es debido".
Los mandos de la policía vasca pidieron la pasada semana a sus agentes adoptar medidas extraordinarias de seguridad ante la posibilidad de un atentado de ETA, que en los últimos 30 años ha asesinado a más de 800 personas.
