LIMA.- La Corte de Justicia de Arequipa aplazó la decisión sobre la privatización de dos generadoras de electricidad en ese departamento, al sur de Perú, hasta subsanar las discordias de sus vocales reveladas en una sentencia divulgada este martes.
Al mismo tiempo, la misma tercera sala civil transfirió al Tribunal Constitucional la decisión sobre la competencia del gobierno central o la región de Arequipa sobre las acciones de la Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa (Egasa) y la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal).
Una resolución, definida como "sentencia no firme" por el demandante, el alcalde de Arequipa, Juan Manuel Guillén, contra el gobierno central, dejó para un posterior voto dirimente la dilucidación de los puntos en discordia de los tres vocales titulares.
La resolución declara que hay discordancia respecto a la supuesta amenaza del gobierno central sobre la titularidad de las acciones de las eléctricas, la personería del alcalde Guillén como demandante, y sobre la nulidad de una sentencia previa que favorecía a la región de Arequipa.
Los dirigentes del Frente Amplio Cívico de Arequipa anunciaron que cualquiera sea la votación dirimente, plantearán apelación ante el Tribunal Constitucional.
El 13 de junio, el juez Benny Alvarez Quiñones ordenó a la oficina estatal PromoInversión que cesara "la amenaza de actos de disposición de acciones cuya titularidad corresponde a la región Arequipa", y ordenó la suspensión de la privatización de las empresas de electricidad en ese departamento.
Pero el gobierno avanzó en la licitación de Egasa y Seal, en un proceso ganado por la empresa belga Tractebel.
La población arequipeña protagonizó entonces un levantamiento popular que obligó al gobierno central a ceder y pactar con las autoridades arequipeñas la no privatización de las empresas.
Tractebel decidió dejar en suspenso la adquisición de las acciones de ambas firmas mientras el Poder Judicial decide si procede o no su privatización.
