GAZA.- El Tribunal Supremo israelí ’’legalizó’’ los crímenes de guerra al aceptar la expulsión de dos palestinos de Cisjordania a la franja de Gaza, declaró hoy miércoles el Centro Palestino de Derechos Humanos.
El director del Centro Palestino de Derechos Humanos, Rayi Surani, afirmó a EFE que la Cuarta Convención de Ginebra prohíbe tanto el traslado de población civil dentro del territorio ocupado como la expulsión a otro país.
Por tanto, el destierro de los hermanos Ayuri constituye una seria violación del derecho internacional, lo que en otras palabras es denominado un "crimen de guerra".
"El Centro Palestino de Derechos Humanos considera que la decisión del Tribunal Supremo es una evidencia de que el poder judicial israelí legaliza las acciones del Ejército, aunque estén prohibidas por el derecho internacional", declaró Surani desde su oficina en la ciudad de Gaza.
El Tribunal aprobó ayer martes la orden militar de expulsión de Intisar y Kifah Ayuri del campo de refugiados de al-Askar en el distrito de Naplusa a la franja de Gaza. Se trata de dos hermanos de Ali Ayuri, asesinado por las fuerzas de seguridad israelíes el pasado 6 de agosto tras derribar la vivienda de su familia el mes anterior.
Ali fue acusado por las autoridades israelíes de ser responsable del doble atentado en Tel Aviv el pasado 17 de julio en el que 5 personas murieron y 40 resultaron heridas. Según el Tribunal, Intisar y Kifah también estaban implicados en la preparación del ataque.
El principal argumento del representante de las Fuerzas Armadas y del Estado ante el Tribunal fue que el "traslado", así como la demolición de viviendas de familiares, es un castigo adecuado para disuadir a suicidas y otros activistas palestinos de atacar a Israel.
No obstante, los magistrados establecieron que sólo podrán ser "trasladados" los familiares de atacantes si estuvieran implicados en sus acciones y prohíben el destierro de parientes de supuestos atacantes como medio de "disuasión".
Por su parte, el líder de la oposición israelí, Iosi Sarid, jefe del bloque pacifista Meretz, afirmó que si los familiares fueron cómplices de los ataques, como alegan las Fuerzas Armadas, no deberían ser expulsados, sino juzgados y castigados en prisión como otros criminales.
El Tribunal Supremo justificó el "traslado por dos años" en una disposición de la Cuarta Convención de Ginebra, que autoriza a una potencia ocupante -como es Israel en Cisjordania- imponer esa medida a sus habitantes por ’’razones de seguridad’’.
Los jueces emplean en su fallo el término "traslado" y no "destierro" o "deportación" pues consideran que constituyen una misma unidad territorial, lo cual es corroborado por los acuerdos entre Israel y la Organizacion para la Liberación de Palestina (OLP) o la Autoridad Nacional Palestina (ANP) desde 1993.
Por su parte Surani, abogado palestino, denunció que "Israel parece sólo respetar la unidad territorial de Cisjordania y la franja de Gaza para realizar expulsiones".
La ANP ha criticado repetidamente a Israel, desde la firma de los primeros acuerdos, de violar esa condición.
El centro de derechos humanos israelí Betselem ha registrado entre 1967 y 1992 la expulsión de 1.522 palestinos de los territorios ocupados de la franja de Gaza y Cisjordania.
El Centro Palestino de Derechos Humanos criticó también el destierro, el pasado 10 de mayo, de 13 palestinos de Cisjordania a Europa y otros 26 a la franja de Gaza, acusados por el Ejército israelí de estar implicados en acciones armadas.
Asimismo, Adib Zauabta, un habitante de la aldea de Bait Fayar, en el distrito de Hebrón, fue expulsado a la franja de Gaza en agosto pasado después de terminar su periodo de encarcelamiento en la prisión israelí de Ketziot, en el desierto del Neguev.
