WASHINGTON.- El Presidente George W. Bush ordenó este martes la reapertura de los puertos de la costa oeste de Estados Unidos, paralizados desde hace diez días por un conflicto entre las compañías navieras y los estibadores, para evitar que trastabille el frágil repunte de la economía estadounidense.
"El gobierno federal debe actuar", declaró el Presidente en la Casa Blanca, luego de haber pintado un panorama alarmante sobre las consecuencias de este conflicto para la primera economía mundial.
Desde el 29 de septiembre los 29 puertos de la costa oeste, entre San Diego en el sur y Seattle en el norte, están paralizados tras un cierre patronal impuesto por las 79 compañías marítimas que operan en esta costa y que reprochan a los estibadores haber disminuido deliberadamente su ritmo de trabajo.
Los estibadores protestan contra un proyecto de automatización del proceso de seguimiento de los contenedores, hasta ahora realizado manualmente. Los trabajadores temen que el proyecto implique la supresión de 300 empleos.
Las negociaciones estaban detenidas desde el domingo de noche, por lo que el conflicto podía estancarse con consecuencias graves para varios sectores de la economía estadounidense, causando "pérdidas por hasta 1.000 millones de dólares diarios", según Bush.
Fue así que el Presidente decidió aplicar la Ley Taft-Hartley de 1947, que lo autoriza a imponer la reapertura de los puertos por un periodo de 80 días, durante el cual las dos partes deben aceptar una mediación federal.
Los estibadores anunciaron que están prontos para retomar el trabajo desde el miércoles y a prorrogar 30 días su convenio colectivo, que expiró el 1 de julio.
En Wall Street, la decisión presidencial fue bien recibida por un alza de aproximadamente 1% de los precios de las acciones, tras las fuertes bajas de los últimos días.
"La crisis en los puertos de la costa oeste está afectando la economía, está afectando la seguridad de nuestro país", afirmó el Presidente.
"No podemos permitir que este conflicto entre la dirección y los asalariados afecte más a la economía y genere el desempleo para miles de estadounidenses", subrayó, citando fundamentalmente como víctimas del conflicto a "los agricultores, los industriales, los comerciantes" y los asalariados de numerosos sectores.
Según Bush, el conflicto de los puertos constituye también una amenaza para la defensa nacional. Explicó que una parte del material con destino a tropas estadounidenses en el extranjero transita por esos puertos de la costa del pacífico, a través de los cuales se importa además piezas para la industria armamentista estadounidenses.
Las compañías marítimas aún no habían reaccionado este martes al anuncio presidencial.
Es la primera vez en 25 años que la Ley Taft-Hartley se aplica contra un cierre resuelto por patrones, ya que este recurso ha sido sobre todo utilizado por los anteriores presidentes estadounidenses para hacer cesar huelgas de asalariados que amenazaban la economía del país.
"Llegué a la conclusión de que la situación actual pone en peligro nuestra salud y nuestra seguridad nacional (...) y esto se agrava a medida que pasa el tiempo", subrayó gravemente el presidente. Su decisión ocurre al día siguiente de la creación, por orden suya, de una comisión de investigación para evaluar el impacto de este conflicto.
El periodo de conciliación de 80 días previsto en la ley a la que apeló el presidente, permitirá garantizar la apertura de los puertos hasta las fiestas de fin de año, un periodo crucial para los comerciantes estadounidenses y durante el cual dependen en gran parte de bienes importados para abastecerse.
Al finalizar el periodo de 80 días, si no se resolvió la disputa, puede reanudarse el cierre.
Unos 200 barcos de carga esperaban anclados sobre la costa del Pacífico poder bajar a tierra sus cargamentos y millones de dólares de productos alimenticios corrían el riesgo de pudrirse.
Los efectos del cierre se hicieron sentir en todo el país. La mayor fábrica de automóviles del oeste de Estados Unidos se vio forzada a suspender su producción el jueves pasado, cuando se quedó sin piezas, y otra la siguió este martes.
Por los 29 puertos pasan anualmente más de 300.000 millones de dólares en mercaderías, lo que significa aproximadamente el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.
