CARACAS.— El vicealmirante Alvaro Martín Fossa, jefe del Estado Mayor Conjunto, renunció tras denunciar arbitrariedades en allanamientos a viviendas y una serie de irregularidades en los juicios que se ventilan en contra de cientos de militares acusados de sublevarse contra el Presidente Hugo Chávez en abril.
"No tengo temor en sacrificar 30 años de carrera, la seguridad de mi persona y mi familia al denunciar irregularidades en el funcionamiento de los consejos de investigación interna de las fuerzas armadas", dijo este jueves el vicealmirante en una declaración difundida por la cadena televisiva de noticias Globovisión.
Acusó además al ministro de Defensa, general retirado José Luis Prieto, de encabezar una persecución en contra militares acusados de participar en la asonada del 12 de abril.
"Denuncio el trato despectivo y no consonó que usted señor ministro de Defensa está brindando al personal de la institución cuando no comparten su punto de vista como es el caso de mi persona", comentó el vicealmirante.
El Vicepresidente y ex ministro de Defensa, José Vicente Rangel, desestimó las denuncias del jefe del Estado Mayor y se negó a adelantar las acciones que tomarpa el gobierno del Presidente Chávez.
"Le compete a las autoridades militares evaluar ese caso. Esa es su versión, hay otras versiones que difieren completamente (de sus denuncias); yo creo más en las otras versiones", expresó Rangel a la emisora capitalina Onda.
Martín Fossa denunció que empezó a recibir amenazas a partir de la noche del miércoles cuando se negó a aparecer junto al alto mando militar, en la alocución que dirigió a la nación el ministro de Defensa.
Afirmó que se abstuvo de asistir a la grabación de la alocución "por considerar desde hace unas semanas que no debo seguir acompañando a esta junta superior".
"Solicité el permiso para abandonar la junta de investigación. Espero que se me permita pasar a retiro en julio (próximo), pero lo más digno que puedo hacer es separarme del cargo", añadió.
Martín Fossa integró los consejos de investigación, que son cuerpos colegiados castrense encargados de recomendar al presidente sanciones penales o administrativas a militares infractores.
El jefe militar mencionó entre las irregularidades la violación de los tiempos estimados para la ejecución de los procesos que "nunca se cumplen".
Agregó que "se han modificado expedientes de forma extemporánea y por ende la suerte y carrera de estos oficiales, generales y almirantes ha sido perjudicada".
Aseguró que los "expedientes no poseen elementos suficientes para decidir en contra de estos generales y someterlos esos procesos" a los oficiales. "Se les aplica una sanción severa o extrema, lo que representa una falta de proporcionalidad. Las expulsiones de estos compañeros de armas en su mayoría son de carácter ilegal".
Las denuncias se producen un día después que una corte civil ordenó paralizar el enjuiciamiento de tres altos oficiales hasta que el Tribunal Supremo dicte sentencia definitiva sobre el mérito de la causa.
Los abogados defensores de los altos oficiales acusados de participar en la intentona golpista del 12 de abril han señalado que los procesos abiertos van en contra de las decisiones que ha emitido el Tribunal Supremo que sentenció que los generales, vicealmirantes y contralmirantes deben ser sometidos a "antejuicio de mérito" como determina la constitución vigente antes de ser enjuiciados.
En agosto el máximo tribunal absolvió a cuatro altos oficiales, entre quienes figuraba el ex comandante del Ejército, general Efraín Vásquez, señalados también de dirigir el fallido golpe de estado de abril.
El general Vásquez afirmó que las acusaciones de Martín Fossa vinieron a "ratificar mis propias denuncias sobre los procesos".
El Gobierno "se hace de la vista gorda con irregularidades administrativas y de índole moral", comentó. "Es difícil trabajar de forma institucional cuando las personas alrededor no lo son".
Advirtió que próximamente, el vicealmirante seguramente será "descalificado y tildado de fascista, golpista. Pero confío que Martín Fossa "cuenta con suficientes evidencias para probar sus denuncias".
