MEXICO.- La fiscalía mexicana inició una investigación sobre presuntos aportes ilegales del extranjero a la campaña electoral que llevó al poder al presidente mexicano, Vicente Fox, dijo el lunes una funcionaria de alto rango, puesto que las leyes electorales mexicanas prohíben el financiamiento extranjero en las campañas políticas.
La investigación se suma a las pesquisas que ya realiza el Instituto Federal Electoral (IFE) para conocer si el actual Jefe de Estado recibió recursos ilegales desde el exterior a través de "Amigos de Fox", una agrupación privada que recaudó fondos para su campaña.
"La fiscalía deberá seguir todas las indagatorias e investigaciones que sean necesarias para la terminación de la misma", dijo a la prensa María de los Angeles Fromow, titular de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República (PGR).
Hace dos semanas, la principal fuerza de izquierda en México presentó ante la fiscalía una denuncia penal contra Fox por los presuntos aportes a la campaña que lo llevó al poder en el 2000, terminando con 71 años de gobiernos ininterrumpidos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El representante ante el IFE del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Pablo Gómez, presentó la denuncia que señala que la operaciones realizadas pueden ser constitutivas de delitos electorales "y otros delitos como lavado de dinero o delincuencia organizada".
El IFE investiga el origen de los fondos de la campaña de Fox, pero se ha topado con amparos judiciales que impiden la investigación de cuentas bancarias de personas clave, como Lino Korrodi, uno de los responsables del área de finanzas en la campaña de Fox.
Fuentes electorales han dicho que de comprobarse el apoyo desde el extranjero, la mayor sanción sería la pérdida de registro a los partidos Acción Nacional (PAN) y Verde Ecologista de México (PVEM), que postularon a Fox para la presidencia.
Si ello ocurriera, ni el PAN ni el PVEM podrían competir en las cruciales elecciones legislativas de julio del 2003 para renovar la Cámara de Diputados, en la que ningún partido tiene mayoría absoluta.
