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Chávez amenaza con aplicar Estado de Excepción

"Si me obligan yo tendré que hacerlo", dijo Chávez al ser consultado sobre la posible declaratoria del Estado de Excepción y no retrocedió ante la presión opositora que provocó hoy fuertes enfrentamientos con la policía.

03 de Enero de 2003 | 14:42 | El Mercurio en Internet / Agencias
CARACAS.- El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, advirtió este viernes que está dispuesto a decretar el Estado de Excepción de complicarse la crisis que enfrenta el país debido al paro nacional de 33 días y a los enfrentamientos de hoy entre la oposición y la policía.

La huelga promovida por la oposición ha originado la casi total paralización de la industria petrolera, que se considera el corazón económico del país, y problemas de escasez de combustible y alimentos.

"Si me obligan yo tendré que hacerlo", dijo Chávez al ser consultado sobre la posible declaratoria del Estado de Excepción, y agregó que "yo estoy obligado a proteger el pueblo, estoy obligado a proteger el orden público, obligado a proteger la seguridad, la soberanía y la defensa del país".

Advirtió, además, que la única salida a la crisis es el "referendo revocatorio" (o consulta ciudadana), y que éste no se realizará en febrero, como exige la oposición, sino sólo en agosto de este año.

Chávez dijo esto como respuesta a los fuertes enfrentamientos que se produjeron hoy cuando una marcha opositora intentó llegar al Fuerte Tiuna, la mayor base militar de Caracas, y que fue repelida por la policía con balas de goma y gases lacrimógenos.

La marcha de las miles de personas que se reunieron para protestar contra el Presidente Hugo Chávez, generó diversos enfrentamientos durante el día que hirieron al menos a 7 policías, según informó el jefe de la Policía Metropolitana, comisario Henry Vivas.

El comandante de la Policía Militar, coronel José Rodrigo justificó la acción, alegando que la marcha no tenía permiso para llegar hasta el punto final previsto, lo que fue negado rotundamente por la oposición.

El gobernador del vecino Estado Miranda, Enrique Mendoza, aseveró que "la autorización fue otorgada por la Alcaldía Mayor de Caracas como corresponde según la ley" y agregó que no se notificarán más movilizaciones a los cuerpos policiales para evitar "nuevas celadas".

"La policía militar arremetió contra mujeres y niños, pero no habrá perdigones ni bombas que puedan con este pueblo, desde ahora activamos la gran toma de Caracas", señaló.

La represión de hoy dejó otros 30 civiles heridos producto de balas de goma, gases lacrimógenos y objetos contundentes utilizados por la policía para disolver la masiva manifestación.

Las últimas informaciones hacían referencia, incluso, a un confuso tiroteo que se registró en el suroeste de Caracas, cerca de la fortaleza militar, y que dejó tres heridos de bala.

Un policía dijo que al menos seis seguidores de Chávez, quienes también protestaban en el lugar, dispararon a la concentración opositora.

Los disturbios se produjeron durante el trigésimo tercer día de un paro general centrado en la industria petrolera que busca remover del poder a Hugo Chávez.

La marcha fue organizada por la oposición para exigir la liberación del más antiguo oficial de la Guardia Nacional, el general Carlos Alfonzo Martínez, declarado en rebeldía desde octubre, quien fue detenido a comienzos de semana.

Esto desató una fuerte polémica en medio de la severa crisis que vive el país y avivó el creciente clima de confrontación, animando a la oposición a realizar la marcha denominada "La Gran Batalla".

Algunos enfurecidos opositores intentaron avanzar nuevamente hacia las cercanías del fuerte militar gritando consignas contra los militares tales como "asesinos", "salvajes", "las calles son del pueblo, de aquí no nos iremos".

La policía militar y los agentes de la Guardia Nacional (GN) debieron lanzar gases lacrimógenos y balas de goma para tratar de desviar a los manifestantes.

Ante de estallar los incidentes, en medio de un río multicolor de banderas venezolanas, los opositores recorrieron las principales avenidas del este y oeste de la ciudad, voceando consignas contra el gobierno y sonando pitos y cacerolas.

"Estamos aquí para hacerle un homenaje a los símbolos patrios y porque estamos hartos de Chávez...no hemos sacado a Chávez porque los dirigentes de la Coordinadora nos han mantenido tranquilos", dijo Héctor Morán, de 35 años, mientras levantaba su bandera venezolana.

Oposición anuncia multitudinaria "toma de Caracas"

En respuesta a la represión, la oposición venezolana anunció que preparará una multitudinaria "toma de Caracas".

"Vamos a activar a partir de esta semana la toma de Caracas, definitivamente", dijo el gobernador opositor Enrique Mendoza.

Según explicó, esa "toma" puede concretarse en una marcha hacia el céntrico palacio presidencial de Miraflores, adonde no llegan opositores desde el pasado 11 de abril cuando en sus alrededores murieron 20 civiles a balazos.

Esa masacre dio paso a un golpe de Estado que desalojó a Chávez del poder por menos de dos días.

El líder opositor precisó que esa movilización, en la que aspiran congregar a 2,5 millones de personas, será una "respuesta" a la represión de la marcha que se dirigió al Fuerte Tiuna.

Fiscalía investiga como posible delito el llamado a desobediencia

Mientras ello sucedía en las calles de Caracas, la Fiscalía General ordenó la apertura de una investigación para determinar si es punible la convocatoria a la desobediencia tributaria en Venezuela hecha por el presidente de la patronal, Carlos Fernández, y el líder sindical Carlos Ortega.

El fiscal nacional en materia tributaria y aduanera, Luis Jansen García, informó de que el llamado de ambos portavoces opositores a través de los medios de comunicación a no cumplir con la obligación fiscal puede ser considerado como instigación a delinquir.

"Esta representación fiscal ha ordenado la práctica de todas las diligencias que puedan influir en la calificación de responsabilidad de los autores", señala un comunicado emitido por la Fiscalía venezolana.

Jansen también exhortó a la ciudadanía a no acatar el llamado a la desobediencia tributaria para evitar convertirse en sujetos activos de un posible delito, penado con sanciones de entre seis meses y siete años de cárcel.

La alianza opositora Coordinadora Democrática anunció la semana pasada que el llamado a la desobediencia tributaria es parte del reforzamiento de sus acciones en apoyo de la huelga general indefinida, que hoy entró en su trigésimo tercera jornada.

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