LIMA.- La máxima Corte de Justicia peruana anuló este viernes algunas de las duras normas antiterroristas del ex presidente Alberto Fujimori, abriendo el camino para que líderes rebeldes y otros cientos de detenidos pidan nuevos juicios.
La sentencia de 60 páginas, que el Tribunal Constitucional llamó como "probablemente la más importante y extensa en su historia", fue emitida luego que los siete jueces de la corte estudiaron durante semanas los decretos-leyes, dictados en 1992.
El presidente del Tribunal Constitucional, Javier Alva Orlandini, dijo que el dictamen, que respondió a una demanda de 5.000 personas, pondrá a Perú en línea con recomendaciones internacionales de derechos humanos.
Fujimori, destituído en el 2000 por un escándalo de corrupción y refugiado en Japón, promulgó las normas después de dar un autogolpe y cerrar temporalmente el Congreso.
Las normas draconianas -que dieron a Perú uno de los peores historiales en derechos humanos de América Latina- permitieron juicios sumarios a los sospechosos de colaborar con los grupos guerrilleros, algunos ante jueces militares encapuchados.
Fujimori defendió el viernes las leyes en su página web, diciendo que fueron necesarias para enfrentar el "infierno" de la guerra subversiva, que dejó unos 30.000 muertos y 7.000 desaparecidos a manos de los rebeldes o los militares en las décadas de 1980 y 1990.
Aunque duramente criticado por el escándalo de corrupción que envolvió a su gobierno, Fujimori asimismo es elogiado por haber sofocado la violencia rebelde, y sondeos de opinión muestran que los peruanos no tienen ninguna simpatía por gente que consideradan como "terroristas".
"Hemos analizado cuidadosamente todas y cada una de las normas que contienen los cuatro decretos (...) algunos incisos y algunos artículos han sido declarados inconstitucionales y un decreto ley ha sido íntegramente separado", dijo Alva Orlandini a periodistas.
Perú tiene alrededor de 2.500 personas encarceladas por cargos de terrorismo, pero ha indultado a cientos de ellos acusados por error.
"Ningún procesado o sentenciado va a salir libre (...) van a tener la posibilidad de tener un proceso con todas las garantías que establece la constitución y tratados internacionales", dijo Alva Orlandini.
