NUEVA YORK.- Más de 5.000 ex combatientes estadounidenses de la guerra del golfo Pérsico de 1991 han demandado a una cincuentena de empresas, en su mayor parte europeas, que vendieron productos químicos a Irak, según informa hoy la CNN.
Los demandantes acusan a 56 empresas abastecedoras que aparecen en una declaración de Irak, que data de 1998. Parte de ese informe fue presentado de nuevo a los inspectores de las Naciones Unidas el pasado mes, según la cadena de televisión.
En la lista aparece Alemania como el mayor abastecedor de Irak, mientras que Singapur fue el mayor proveedor de precursores de armas químicas, señala CNN.
También figuran como abastecedores Holanda y Suiza, con tres empresas cada una; Francia, Austria y Estados Unidos, con dos; además de una empresa española, una egipcia y una luxemburguesa.
La cadena de televisión estadounidense no publica el nombre de las empresas pero asegura haber tenido acceso a la lista.
Doce años después del conflicto y en lo que parece ser el umbral de una nueva contienda contra Irak, los ex combatientes siguen buscando compensaciones al llamado ’’síndrome de la guerra del Golfo’’, que afecta a miles de soldados, principalmente estadounidenses y británicos.
Los demandantes sostienen que con las sustancias químicas y equipos que importó, Irak produjo gas mostaza, gas nervioso sarin y VX, que utilizó durante la guerra del Golfo y que son responsables de las enfermedades que padecen, como fatiga crónica, problemas de piel, dolores musculares, perdida de la memoria y daños cerebrales.
El abogado de los demandantes, Gary Pitts, reveló a CNN que obtuvo la lista a través de Scott Ritter, quien fue inspector de la ONU para el armamento de Irak.
Ritter, por su parte, obtuvo la lista el año pasado de manos del vice primer ministro iraquí, Tariq Aziz, según CNN.
Pitts, que presentó por primera vez una demanda en representación de los ex combatientes de la guerra del Golfo en 1994 ante un tribunal de Texas (EEUU), considera que con la lista tiene ahora una buena base para retomar el caso.
Los demandantes piden al menos 1.000 millones de dólares en tratamientos médicos e indemnizaciones.
