BOGOTÁ.- Con el propósito de erradicar unas 60.000 hectáreas de narcocultivos hasta 2006, el gobierno colombiano puso en marcha este miércoles un plan para sustituir las siembras ilegales por bosques nativos, al que espera se vincule la comunidad internacional.
La estrategia consiste en pagar cada año cinco millones de pesos (1.680 dólares) a cada familia campesina que erradique voluntariamente sus cultivos de coca y amapola -materias primas de la cocaína y la heroína-, siembre bosque y garantice su protección, explicó Sandra Suárez, directora del Plan Colombia de lucha antidrogas.
El programa ’Familias Guardabosques’ se inició con la firma del primer acuerdo con líderes de 29 aldeas de la caribeña Sierra Nevada de Santa Marta (950 Km. al norte de Bogotá), una de las principales reservas naturales de Colombia y donde se proyecta rehabilitar 20.000 hectáreas de bosque nativo.
La Oficina en Colombia de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc), dirigida por Klaus Nyholm, realizará la veeduría del proyecto, que beneficiará a 50.000 familias.
"Creemos que es una estrategia interesante. Siempre hemos sostenido que la erradicación de los cultivos ilícitos sólo es sostenible si se da apoyo a los campesinos", afirmó Nyholm, quien indicó que la ONU aportará su experiencia y el monitoreo satelital de las siembras.
Según la directora del Plan Colombia, en la última década fueron destruidas 1,6 millones de hectáreas de bosque, lo que según ella muestra la magnitud del daño ecológico que ha causado el narcotráfico en Colombia.
El plan tiene un costo de 690.000 millones de pesos (233 millones de dólares) y será financiado inicialmente con recursos de la nación, aunque se espera la ayuda económica de la comunidad internacional, para lo cual se convocará a una mesa de donantes que sesionará antes de mayo próximo en Madrid o Bruselas, señaló Suárez a la AFP.
Esta convocatoria será coordinada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Holanda es uno de los interesados en vincularse al proyecto, dijo el primer secretario de la embajada de ese país en Bogotá, Jacques Remmerswaal.
Suárez precisó que este año se invertirán 70.000 millones de pesos (25 millones de dólares) en el programa, que tiene entre sus prioridades trabajar en las zonas fronterizas para evitar que los narcocultivos se extiendan a países como Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.
"También queremos evitar que los grupos armados ilegales, que se financian de la droga, expandan sus acciones a estos países", afirmó.
Colombia posee un tercio de la selva amazónica, que se estima concentra el 50% de los cultivos ilegales del país andino (unas 144.000 hectáreas de coca y 5.000 de amapola en noviembre de 2001).
Según cifras oficiales, el año pasado las autoridades erradicaron 130.000 hectáreas de esos sembradíos, aunque recién en marzo la Unodc dará a conocer la proporción con que estos crecieron el año pasado y el nivel actual.
En las zonas donde se desarrollará el proyecto se halla el 63,5% de la superficie total de los cultivos de coca y el 74,8% de las matas de amapola existentes en Colombia, y en ellas operan los rebeldes de las FARC y el ELN, que se oponen a la aplicación del Plan Colombia, así como los paramilitares de extrema derecha, enemigos acérrimos de la insurgencia.
Estados Unidos -que financia el Plan Colombia con una ayuda económica y militar de 2.000 millones de dólares- considera como narcotraficantes y terroristas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los paramilitares.
