CARACAS.- Altos funcionarios del "Grupo de Amigos" de Venezuela llegan hoy a Caracas, horas después de que los opositores al Presidente Hugo Chávez anunciasen que optaron por el mecanismo de la enmienda constitucional para sacarlo del poder.
La fórmula de la enmienda está en la Constitución desde 1999 y fue propuesta el 22 de enero por el ex Mandatario estadounidense y premio Nobel de la Paz 2002, Jimmy Carter, para desbloquear las negociaciones entre gobierno y oposición sobre una salida a la crisis.
La mesa de negociaciones, auspiciada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), César Gaviria, se abrió el 8 de noviembre pasado en Caracas, pero no ha tenido resultado alguno.
La aceptación de la enmienda constitucional como instrumento para destituir a Chávez representa un cambio radical en la posición de la alianza opositora Coordinadora Democrática, que hasta ahora había sostenido consignas como "fuera Chávez" y "elecciones ya", ambas al margen de la Carta Magna.
El gobierno insistió a lo largo de los meses de negociación que estaba dispuesto a aceptar cualquier mecanismo que fuera constitucional, pero ninguno que se saliese de esa norma básica para la estabilidad democrática del país.
La enmienda debe ser solicitada por el 15 por ciento de los electores y para que entre en vigor debe aprobarse por mayoría en un referéndum que se celebraría 30 días después de que esas firmas hubiesen sido consignadas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Los principales cambios que recoge la presentada por la Coordinadora son la reducción del mandato del Presidente de seis a cuatro años, con posibilidad de una reelección consecutiva, y el de los parlamentarios de cinco a cuatro, con dos posibles reelecciones consecutivas.
Según la propuesta de la oposición, si los venezolanos refrendan la enmienda, entraría en vigor al instante, y pondría fin, también de manera inmediata, a los mandatos del Presidente y de los parlamentarios.
Eso llevaría a la convocatoria de elecciones presidenciales y legislativas en un plazo no mayor de 30 días desde la aprobación de la enmienda, con doble vuelta en el caso de las presidenciales.
El ganador de las elecciones asumiría la presidencia dentro de los 15 días siguientes de su celebración.
La propuesta de la Coordinadora, que incluye otros aspectos funcionales, será estudiada por el gobierno para decidir si se suma a ella, si la acepta con modificaciones o si se separa de la misma y deja que los opositores asuman el peso de ejecutarla.
Quedará al libre albedrío del gobierno hacer campaña contra la enmienda siempre que no ponga en peligro el referéndum o las posibles elecciones posteriores.
Mientras el oficialismo estudia la fórmula escogida por la Coordinadora, los representantes del "Grupo de Amigos" tocarán por primera vez suelo venezolano para conocer sobre el terreno la situación del país.
Los altos funcionarios de Exteriores visitantes serán Miguel Angel Cortés (España), Enrique Berruga (México), Joao Rocha Páris (Portugal), Cristian Barros (Chile) y Samuel Pinheiro (Brasil) junto con su compatriota y subsecretario de Asuntos Políticos Gilberto Saboia, quien es el coordinador del "Grupo de Amigos".
El secretario general de la OEA, César Gaviria, que está al frente de la "mesa de negociación" en la que la Coordinadora presentó su propuesta, dijo ayer, miércoles, que "el grupo de amigos servirá para garantizar los acuerdos que puedan alcanzarse".
También le reconoció la posibilidad de aportar sugerencias cuando los negociadores no encuentren salidas a algún aspecto de las discusiones.
La primera consecuencia práctica de la intervención del "Grupo de Amigos" puede ser el fin de la huelga que algunos centros educativos privados, religiosos y laicos, mantienen desde principios de diciembre, principalmente en Caracas, en apoyo a la lucha política de la Coordinadora.
Portavoces de esa alianza indicaron que antes de que finalice la semana estudiarían la petición que en ese sentido hizo el Grupo y podrían acceder a ella como muestra de buena voluntad.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) pidió a mediados de enero la suspensión de la huelga en el sector educativo, pero su demanda no fue atendida.
