ASUNCION.- El ministro del Interior de Paraguay, Víctor Hermoza, dimitió a su cargo tras sugerir la existencia de un plan para aplazar los comicios generales si prosperaba un juicio político contra el presidente.
El Presidente Luis González Macchi, quien fue absuelto el martes por el Senado en el marco de un proceso por corrupción y mal desempeño de funciones, resolvió aceptar la dimisión de Hermoza y remplazarlo por el viceministro del Interior, el abogado Osvaldo Benítez, informó la presidencia.
La renuncia del ministro se conoció en momentos en que el titular del Congreso solicitaba su interpelación a raíz de unas declaraciones a la prensa, en las que Hermoza habló sobre rumores de un plan para destituir al mandatario, postergar las elecciones y prorrogar el mandato de su sucesor transitorio.
No obstante, la secretaria general de la presidencia, Estela Samaniego, informó a periodistas que el ministro dimitió por motivos personales.
González Macchi dijo en su primera declaración después del juicio que con su absolución se preservó el proceso electoral, que corría serio riesgo debido al clima de turbulencia política e incertidumbre que éste podría generar.
De haber prosperado el juicio político, el gobernante debía ser remplazado por el presidente del Congreso, el senador Juan Carlos Galaverna, quien ocuparía el cargo hasta el 15 de agosto, fecha prevista para el traspaso de mando.
Galaverna pedía la interpelación del ministro en una sesión del Senado cuando fue informado acerca de su dimisión.
"Saludo la medida tomada porque no hay derecho a tener un ministro encargado, entre comillas, de la politíca y la seguridad con el grado de imbecilidad que tiene (Hermoza)", dijo Galaverna en una sesión ordinaria del Senado.
Agregó que el ministro "cometió una torpeza (...) una perla más del rosario de disparates que sale del (Poder) Ejecutivo".
El Senado condenó a González Macchi por mayoría, pero no consiguió reunir los 30 votos que necesitaba para removerlo del cargo.
El Mandatario fue acusado del desvío de 16 millones de dólares de bancos privados intervenidos por el estado, fraude en un fallido proceso de privatización, uso fraudulento del presupuesto presidencial, además del secuestro y torturas de dos políticos de izquierda.
La Cámara Baja, que actuó de fiscal, lo acusó también de mal desempeño de funciones por el deterioro general de la economía y el empobrecimiento de la población en los últimos cuatro años.
