CARACAS.- El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), Baltazar Porras, advirtió hoy que el arresto del líder opositor Carlos Fernández "incrementa el deterioro de las instituciones" y "evidencia que los órganos jurisdiccionales están secuestrados en función de intereses muy concretos".
"Hay un secuestro de los órganos jurisdiccionales del Estado lo que deja a la población desasistida, un aumento del deterioro de la institucionalidad y todo lo que significa la arbitrariedad", aseveró el prelado a la emisora "Unión Radio".
El presidente de la CEV dijo que "esta forma de procedimiento y después el encubrimiento de la Fiscalía y la Defensoría del pueblo hacen que la credibilidad en órganos jurisdiccionales queden más en tela de juicio".
Fernández, presidente de la asociación empresarial Fedecámaras, fue detenido la medianoche de este miércoles por un comando de la policía política (DISIP) y mantenido incomunicado por seis horas, por orden de un juez que lo acusa de rebelión civil, traición a la patria, devastación y agavillamiento por haber liderado una huelga de dos meses contra el mandatario Hugo Chávez.
El arresto del líder empresarial se produjo días después de que Chávez exigiera a los jueces arrestar a los empresarios y trabajadores petroleros "golpistas" y "terroristas" que participaron en el conflicto.
El mandatario dijo ayer que había recibido con una "sonrisa" la detención de Fernández y que "ya era hora" que arrestaran a los "golpistas".
A la vez, el juez 34 de control, Mikel Moreno, quien libró orden de captura contra Fernández y el líder obrero Carlos Ortega (actualmente en la clandestinidad), ha sido cuestionado por la oposición por haber sido defensor de un concejal oficialista acusado de disparar contra manifestantes opositores el pasado mes de abril.
El magistrado, según publica hoy el diario "El Universal", tiene antecedentes por homicidio en 1989, fue oficial de la DISIP y escolta del ex presidente Carlos Andrés Pérez, siendo destituido del cargo. Al recobrar la libertad, obtuvo un cargo de secretario de un tribunal y fue designado como juez provisorio bajo el actual gobierno.
Porras -quien figura en una lista de personalidades que presuntamente serían objeto de futuras detenciones, según el legislador socialdemócrata Henry Ramos- consideró que con el arresto de Fernández "se demostró que la legalidad sólo se usa en función de intereses muy concretos".
El prelado consideró que el clima actual del país ahonda más la conflictividad y la separación entre los sectores políticos y advirtió que "no puede construirse una democracia con la exclusión de unos y otros".
"La población siente que no tienen quien cuida de ella dado que los funcionarios públicos están al servicio de una causa determinada, cuando deberían estar al servicio de la justicia, la verdad y el derecho a la vida", agregó al recordar las muertes y heridos de algunos hechos recientes de violencia que permanencen sin castigo ni responsables.
Asimismo, indicó que un acuerdo contra la violencia firmado días atrás por el gobierno y la oposición en una mesa de negociación tutelada internacionalmente, queda como una "caricatura" ante el estado actual de la situación.
Fernández y Ortega fueron las cabezas visibles de una huelga general contra Chávez que se realizó desde el pasado 2 de diciembre hasta el 2 de febrero, que intentó sin éxito obligar al presidente a someterse a elecciones adelantadas.
