CARACAS.- El presidente de la patronal venezolana, Carlos Fernández, se presentará hoy ante el tribunal que conoce su caso, después de que el viernes no pudiera declarar al haber sido recusado el juez que lo llevaba.
Salvo que surja algún impedimento imprevisto, Fernández sabrá hoy si se confirma su encarcelamiento, si se le concede el beneficio del arresto domiciliario o si obtiene la libertad provisional, sujeta a acudir al tribunal cada vez que sea convocado.
Fernández fue detenido la madrugada del jueves bajo los cargos de ’’rebelión civil, traición a la patria, instigación a delinquir, agavillamiento (asociación para delinquir) y devastación’’, relacionados con la huelga general de 63 días que promovió junto con otros dirigentes opositores para lograr la renuncia del presidente Hugo Chávez.
La orden de detención fue dictada, a instancias de la Fiscalía General, por el juez Maikel Moreno, quien también ordenó, por los mismos cargos, la captura del presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, quien anunció su pase a la clandestinidad.
Moreno fue recusado ayer, viernes, por los abogados de Fernández y el expediente pasó a manos de la juez Gisela Hernández, quien apenas tuvo tiempo para recibirlo y se vio obligada a aplazar la audiencia hasta hoy.
Fernández, que desde su detención estuvo recluido en la sede de la policía de seguridad del Estado (Disip), debió pasar su segunda noche consecutiva en esas dependencias.
La huelga, que empezó el 2 de diciembre y terminó el 3 de febrero, no logró sacar a Chávez del poder y produjo una fuerte conmoción social y enormes pérdidas económicas que, sólo en el sector petrolero, superaron los 4.000 millones de dólares.
Chávez calificó a Fernández ayer, viernes, de "golpista, bandido y delincuente" y recordó su vinculación con el anterior jefe de Fedecámaras, Pedro Carmona, efímero presidente de Venezuela durante el golpe de Estado de abril de 2002.
Fernández fue uno de los que avaló con su firma el decreto emitido por Carmona por el que se abolieron todas las instituciones democráticas del país.
Chávez indicó que tanto Fernández como los otros promotores de la huelga "deberían ser condenados por lo menos a 20 años por el daño que le han hecho al pueblo y a Venezuela con el golpe de abril y con el sabotaje petrolero".
"Ya han salido diciendo que con la detención se violaron sus derechos humanos, cuando fueron ellos los que violaron los derechos humanos de todo un pueblo con su huelga", manifestó Chávez.
La alianza opositora Coordinadora Democrática reiteró por su parte que utilizará todos sus recursos para protestar por la detención del jefe de la patronal.
La Coordinadora suspendió ayer, viernes, una manifestación en favor de Fernández por no tener permiso, pero uno de sus portavoces, Enrique Naím, aseguró que esa protesta se celebrará próximamente.
La mayoría de los representantes de la Coordinadora han afirmado que la detención de Fernández tiene carácter político y es el principio de un proceso de represión hacia quienes impulsaron la huelga general.
El vicepresidente del gobierno, José Vicente Rangel, respondió que no es el Ejecutivo el que ordenó la captura de Fernández sino el poder judicial.
La patronal Fedecámaras pidió a la Fiscalía que retire los cargos contra su presidente y recordó que sus actuaciones respondieron a mandatos de la junta directiva de ese organismo.
La Coordinadora pidió al secretario general de la OEA, César Gaviria, que retorne lo antes posible a Caracas para que interponga sus buenos oficios en favor del dirigente empresarial.
Gaviria emitió una nota desde Barcelona (España) en la que no se opone a que Fernández sea juzgado, pero pide que sea tratado con la consideración que merece su cargo.
