CARACAS.— Miles de opositores del Presidente Hugo Chávez volvieron a las calles para protestar por el arresto del líder empresarial Carlos Fernández y rechazar la orden de captura contra ocho jefes laborales que dirigieron un paro nacional de dos meses en contra del Mandatario venezolano.
Con cacerolas y banderas nacionales en mano, los manifestantes recorrieron la capital y se concentraron en la principal autopista para expresar su apoyo a los líderes opositores, algunos de los cuales se "encuentran en la clandestinidad por la escalada represiva que impulsa el gobierno", dijo el gobernador opositor del estado Miranda, Enrique Mendoza.
Los manifestantes portaban carteles con consignas como "no al terrorismo judicial" y "Chávez, vete, deja a Venezuela vivir en democracia y libertad".
La oposición acusa a Chávez de "perseguir" al empresario Fernández, el presidente de la mayor organización sindical del país, Carlos Ortega, y siete ex altos directivos de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), quienes encabezaron un paro, que dejó la economía venezolana en ruinas.
Los directivos figuran entre casi 16 mil trabajadores de PDVSA que han sido despedidos en las últimas semanas por sumarse al paro opositor.
Una juez, atendiendo la solicitud de un fiscal, autorizó la semana pasada la captura de los líderes de los trabajadores petroleros declarados en huelga, los ex gerentes Juan Fernández, Edgar Quijano, Horacio Medina, Gonzalo Feijoo, Lino Carrillo, Mireya Rinfanti, y Juan Luis Santana.
Dos semanas antes, otro juez autorizó la captura del líder empresarial Carlos Fernández y del presidente de la poderosa Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega.
Ambos líderes son acusados de rebelión civil y otros delitos por la paralización que costó al país unos 4 mil millones de dólares, según el gobierno. De ser declarados culpables podrían ser condenados a más de 20 años de prisión.
Carlos Fernández, presidente de Fedecámaras, el mayor gremio empresarial del país, está detenido desde el 18 de febrero, mientras se desconoce el paradero de los dirigentes laborales.
Momentos de emoción y tensión se vivieron al final de la protesta, cuando Juan Fernández, líder de los trabajadores petroleros declarados en huelga, abandonó el lugar donde se mantiene oculto y dirigió un breve discurso en la autopista.
En medio de ensordecedores aplausos y el grito de "valiente", Fernández advirtió a Chávez que "prepare su maleta (equipaje), porque lo vamos a sacar". Luego abordó un vehículo y se retiró rápidamente para evitar ser arrestado.
La fugaz aparición pública provocó una enorme movilización policial y el enfrentamiento entre manifestantes opositores y grupos comandos de la policía del gobierno, quienes se vieron obligados a utilizar gases lacrimógenos y realizar disparos de fusil al aire para evitar ser agredidos.
Ortega y los siete ex gerentes petroleros anunciaron que no se entregarán a la justicia y se mantendrá en la clandestinidad porque no confían en las instituciones venezolanas.
El fiscal general Isaías Rodríguez, ex vicepresidente de Chávez, negó que las acciones contra Fernández y Ortega sea una represalia política.
"Las alusiones que él (Chávez) haga no influyen en nuestros actos", indicó Rodríguez recientemente al desestimar las versiones que refieren que el Mandatario presionó a la fiscalía a adelantar la captura de los promotores del paro.
Las órdenes de arresto se produjeron cuatro días después que Chávez acusara a los jueces del país de "cobardes vendidos" y amenazara con encarcelar a miles de trabajadores petroleros y varios líderes opositores.
Chávez ha catalogado el paro de "golpe petrolero" encaminado a derrocarlo paralizando el sector de donde se origina la mitad de los ingresos del gobierno. Además, acusó a sus oponentes de intentar un "golpe económico", al que atribuye el deterioro de la economía venezolana.
El paro opositor buscaba desalojar al mandatario del poder, pero en lugar de ello acabó por dejar la economía venezolana en ruinas y al mercado sometido a severos controles.
La oposición quiere la salida de Chávez, argumentando que ha puesto la democracia en peligro debido a sus tendencias autoritarias. Lo acusan de querer imponer políticas socialistas, administrar mal la economía y de fomentar la división de clases sociales.
