LA PAZ.- El Comando General del Ejército de Bolivia dispuso la baja y captura del teniente coronel Gilberto Ugarte Sánchez que este martes se pronunció públicamente "contra el atropello que sufre el país" por parte de su gobierno y un proyecto de exportación de gas a mercados de ultramar por un puerto de Chile.
Ugarte Sánchez se declaró en clandestinidad, luego de celebrar una "unión" con el capitán David Vargas, líder del alzamiento policial contra la política económica del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada del 12 de febrero pasado, que dejó 33 muertos, 14 de ellos uniformados, y 203 heridos.
La carta política boliviana proscribe deliberar a uniformados, policías y militares.
"No podemos ser cómplices de tanto atropello a este país y a sus instituciones", afirmó Vargas junto a Ugarte Sánchez, quien denunció persecución por parte del servicio de inteligencia del Ejército a quien acusó de aplicarle "represalias" mediante cambios repentinos en sus tareas.
Tras esas declaraciones el comando del Ejército comunicó la baja inmediata de su subordinado.
"En razón a que estas acciones constituyen actos de indisciplina" y contravienen la Constitución y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas "el Comando General de Ejército ha dispuesto que el Tribunal de personal proceda a la apertura de un proceso legal correspondiente contra el teniente coronel Gilberto Ugarte", afirmó un comunicado castrense.
"Si esto es deliberar, entonces lo estamos haciendo", desafiaron ambos oficiales.
Sobre la prescripción constitucional que prohíbe a los uniformados pronunciarse con fines políticos, Ugarte espetó que "la Constitución no dice que debemos proteger a los asaltantes del país", en una nueva acusación contra el gobierno.
Ugarte denunció persecución por parte del servicio de inteligencia del Ejército y se dijo dispuesto a comparecer ante las autoridades judiciales y militares del país.
"Pueden pensar lo que deseen. He decidido lanzarme con la causa que estoy persiguiendo y voy a llegar hasta las últimas consecuencias", advirtió en relación a la orden de captura librada en su contra y aseguró que defiende "la manifestación de los sectores populares" bolivianos.
El comando nacional de la Policía no se pronunció aún sobre la situación del capitán Vargas.
"Esta unión" pactada por mandos medios de ambas armas en un intento por reconciliar a policías que, amotinados en oposición a un impuesto a los salarios que pretendió gravar la administración de Sánchez de Lozada, se enfrentaron con militares leales al gobernante el 12 de febrero, simplemente está destinado a hacer respetar nuestra riqueza natural", argumentó Vargas.
El oficial de policía aclaró que en adelante se manifestarán "reclamando, denunciando públicamente todo acto que afecte a nuestros recursos naturales, a nuestra soberranía".
"Tenemos ingentes riquezas que como bolivianos nos ponemos firmes a defenderlos y a preservarla para nuestros hijos y nietos. Los que están ostentado el Gobierno, los que estan ostentando la política la van a regalar, la van a vender para ellos mismos beneficiarse de esa riqueza", denunció.
El pronunciamiento, calificado de "sedicioso" y la posterior baja de Ugarte se produjo en medio de un ambiente de creciente tensión con una huelga de médicos y una convocatoria de los maestros a un paro nacional indefinido en demanda de mejores retribuciones que se iniciará el miércoles.
A ellos se suman los profesores y jubilados que marcharon este martes en La Paz para exigir mejoras en el sector.
El ministro de la Defensa, Freddy Teodovic, principal acusado por Ugarte y Vargas, explicó que los mandos militares son leales a Sánchez de Lozada y están sujetos a las instituciones democráticas.
"Todos sin excepción han condenando la actuación de este oficial", apuntó.
