LA HABANA.— El gobierno cubano inició el jueves los juicios a varios disidentes bajo estrictas medidas de seguridad: se le prohibió la entrada a periodistas y diplomáticos aunque se permitió la presencia de familiares de los acusados.
Al menos tres tribunales fueron abiertos de manera simultánea, constató la AP.
Diplomáticos de Gran Bretaña, Suiza, Alemania, España, República Checa, Canadá y Estados Unidos, llegaron hasta las sedes judiciales pero no pudieron entrar. No hubo comentarios.
Unos 80 disidentes fueron detenidos en las últimas semanas, según grupos activistas.
Las autoridades piden cadena perpetua para por lo menos 12 de ellos, incluyendo Osvaldo Alfonso Valdés y Héctor Palacios.
Otros enjuiciados son Martha Beatriz Roque, Regis Iglesias y Efrén Fernández.
Una docena de personas, en su mayoría parientes de los detenidos, se congregaron en la puerta de la corte.
"Esto no es un juicio. Van a montar un espectáculo. La sentencia ya está dictada", protestó ante la AP María de los Angeles Menéndez, activista disidente.
Algunos expedientes a los cuales la AP tuvo acceso señalan que los cargos de la fiscalía están rotulados "enemigos de la Nación" y "mercenarios al servicio de los Estados Unidos".
Por la tarde, tras varios recesos, algunos familiares salieron de las salas y hablaron con los periodistas.
Según Miriam Leiva, esposa de Oscar Espinosa Chepe, la sesión en el tribunal que se enjuició a su esposo —La corte de Boyeros— comenzó con declaraciones de los prisioneros.
"Osvaldo Alfonso leyó una declaración en la que se dijo arrepentido de sus actividades’’, relató la mujer y agregó: "dio a entender que sí estaba siendo manipulado" por la Oficina de Intereses de Washington en esta capital.
Por el contrario, explicó Leiva, su esposo y los otros cuatro enjuiciados en la misma causa "se mantuvieron firmes en sus posiciones" de inocencia y se quejaron de no haber tenido tiempo suficiente para preparar sus defensas.
Después declararon testigos y se presentaron algunas filmaciones, aunque ninguno le pareció "concluyente" a la mujer.
"Es un Tiananmen jurídico", consideró por su parte el opositor Manuel Cuesta Morúa, en referencia a la masacre de manifestantes opositores ocurrida en la Plaza de China en 1989.
Para el disidente "los juicios se escapan de la racionalidad política" y "tal vez" sean "un mensaje para tratar de ponerle freno a la oposición y para advertirle a Estados Unidos sobre la soberanía de Cuba".
La ola de arrestos se inició el 18 de marzo pasado, cuando el gobierno acusó a los opositores de estar conspirando junto con la Oficina de Intereses de Estados Unidos para derrocar al gobierno.
La Iglesia cubana y varias naciones europeas protestaron por los arrestos.
Elizardo Sánchez, director de la no gubernamental Comisión Cubana de Derechos Humanos, calculó que en total, las penas solicitadas suman 1.000 años de cárcel.
También hubo reacciones internacionales. José Miguel Vivanco, de la División de las Américas de Human Rights Watch, lamentó que "Cuba esté explotando en una forma oportunista la inatención del mundo (por la guerra de Irak) para aplastar disidencia interna".
El gobierno estadounidense condenó también los juicios a 78 disidentes cubanos calificándolos de "farsas judiciales".
