LA HABANA.- Los disidentes cubanos pidieron hoy a los gobiernos que todavía no lo han hecho, y en especial a los "países hermanos de América Latina", que condenen las detenciones de opositores en la isla.
"Pedimos a todos los gobiernos y organizaciones democráticas del mundo que aún no lo han hecho, que rechacen abiertamente esta oleada represiva", señaló un comunicado difundido hoy en la capital cubana y suscrito por algunos de los dirigentes del ilegal movimiento Todos Unidos que están en libertad.
"De modo especial dirigimos este llamado a los países hermanos de América Latina que hasta ahora no se han pronunciado en esta necesaria censura al único régimen totalitario que aún existe dentro del conjunto de países de nuestro entorno cultural", continúa la nota.
El documento, firmado por Vladimiro Roca, Elizardo Sánchez, René Gómez Manzano, Félix Antonio Bonne y Gustavo Arcos, hace un llamamiento a la unidad de disidentes, opositores, activistas defensores de los derecho humanos y "demás integrantes de la sociedad civil" frente a la "arbitrariedad y la represión".
Los firmantes denuncian que continúa desarrollándose la "oleada represiva" iniciada el pasado 18 de marzo y que se ha saldado con la detención de cerca de 80 disidentes.
"Se persigue y se reprime a cubanos por el mero hecho de disentir del régimen totalitario, oponerse pacíficamente a él y expresar públicamente esa posición", agrega la nota.
El documento recuerda que la mayoría de los detenidos han sido condenados a penas superiores a los 20 años de cárcel "simplemente por discrepar del régimen y expresarlo por los modestísimos medios de que dispone la disidencia interna".
El Gobierno cubano aseguró hoy que los juicios han contado con todas las garantías legales y los acusados tuvieron derecho a asistencia legal y fueron debidamente informados de los cargos que pesaban en su contra.
La ilegal Comisión Cubana de Derechos Humanos, liderada por Elizardo Sánchez, ha confirmado hasta el momento condenas para 57 de los 74 disidentes juzgados que, en conjunto, suponen penas superiores a los 1.100 años, es decir, cerca de 20 años de cárcel como promedio.
