NUEVA YORK.- La organización Human Rights Watch se sumó a los gobiernos y organizaciones que han condenado la ejecución hoy de tres secuestradores de una lancha de pasajeros en Cuba al considerar que viola "los derechos humanos fundamentales".
Los tres cubanos, Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac, fueron ajusticiados hoy tras ser condenados a la pena capital en un juicio sumarísimo.
Otras cuatro personas fueron condenadas a cadena perpetua, una a 30 años de prisión y tres más a penas de entre 2 y 5 años.
La organización defensora de los derechos humanos reconoció en un comunicado de prensa que los crímenes de los que estaban acusados los tres hombres son "serios y merecen un duro castigo".
Sin embargo, Human Rights Watch se opone a la pena de muerte y condena la naturaleza sumarísima de los juicios y del proceso de apelación.
"Ejecutar a esos hombres es en sí misma una violación de los derechos humanos y hacerlo menos de dos semanas después del crimen del que estaban acusados muestran un desprecio flagrante al derecho a la defensa", dijo el director para la división de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.
Los acusados tuvieron "juicios sumarísimos que carecían de cualquier parecido a un proceso" en forma debida y fueron ejecutados en cuanto su recurso de apelación fue rechazado.
Armados con una pistola y cuchillos, los tres hombres, acompañados de otras siete personas, secuestraron en la madrugada del 2 de abril una de las lanchas que recorre la bahía habanera, con unos 50 pasajeros a bordo, con la intención de llegar a EE.UU.
A unos 45 kilómetros de la costa cubana, se quedaron sin combustible y fueron alcanzados por los guardacostas, que les convencieron de que regresaran al puerto de Mariel, donde fueron detenidos.
La organización recuerda que la ejecución ha tenido lugar en "un contexto de represión masiva" que se desarrolla desde el 18 de marzo y que ha resultado en la detención de 75 disidentes, periodistas, defensores de los derechos humanos y sindicalistas independientes que han sido condenados a penas de hasta 28 años de prisión.
Vivanco estima que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que actualmente celebra su reunión anual en Ginebra, debería condenar la represión y los juicios sumarísimos de los disidentes y los secuestradores.
